Impacto del activismo judicial sobre la garantía del derecho a la educación en Santiago de Cali

La Corte Constitucional a través de la sentencia T-025 de 2004, declaró el estado de cosas inconstitucional en el caso del desplazamiento forzado en Colombia. Este tipo de decisiones ha sido objeto de debate acerca de la función que les corresponde, o no, cumplir a los jueces dentro de la formulación y seguimiento de las políticas públicas que garantizan derechos económicos, sociales y culturales, como la educación. El denominado activismo judicial ha visibilizado la necesidad de replantear la noción clásica de la separación de poderes y las relaciones entre ramas del Poder Público. A partir de la revisión de la situación de acceso y de las condiciones de permanencia en el sistema educativo de 285 menores, vinculados a una organización de población desplazada, y con el propósito de aportar algunas conclusiones a la comprensión de las relaciones entre ramas, este artículo pretende mostrar cómo un gobierno local, en este caso el de Santiago de Cali, ha adoptado la jurisprudencia de la Corte Constitucional para elaborar una política pública educativa dirigida a menores en situación de desplazamiento forzado. Se pretende esclarecer los alcances del activismo judicial a nivel local y predecir posibles efectos del uso de los indicadores o de la regulación que, en el caso de desplazamiento, se genera a partir del fallo judicial.La Corte Constitucional a través de la sentencia T-025 de 2004, declaró el estado de cosas inconstitucional en el caso del desplazamiento forzado en Colombia. Este tipo de decisiones ha sido objeto de debate acerca de la función que les corresponde, o no, cumplir a los jueces dentro de la formulación y seguimiento de las políticas públicas que garantizan derechos económicos, sociales y culturales, como la educación. El denominado activismo judicial ha visibilizado la necesidad de replantear la noción clásica de la separación de poderes y las relaciones entre ramas del Poder Público. A partir de la revisión de la situación de acceso y de las condiciones de permanencia en el sistema educativo de 285 menores, vinculados a una organización de población desplazada, y con el propósito de aportar algunas conclusiones a la comprensión de las relaciones entre ramas, este artículo pretende mostrar cómo un gobierno local, en este caso el de Santiago de Cali, ha adoptado la jurisprudencia de la Corte Constitucional para elaborar una política pública educativa dirigida a menores en situación de desplazamiento forzado. Se pretende esclarecer los alcances del activismo judicial a nivel local y predecir posibles efectos del uso de los indicadores o de la regulación que, en el caso de desplazamiento, se genera a partir del fallo judicial