Las violaciones estructurales de derechos humanos y el reconocimiento de las obligaciones positivas del estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema

En Argentina, como también en varios países occidentales, observamos una creciente presencia del poder judicial en la vida pública local. Diferentes factores, entre los cuales se destacan el debilitamiento de las instituciones de representación política como así también el deterioro de espacios de mediación social y política, han contribuido a trasladar a los poderes judiciales conflictos de alto voltaje social que antes eran resueltos tradicionalmente en otras esferas públicas. Como consecuencia de este fenómeno, los poderes judiciales se ven inmersos con mayor frecuencia en conflictos estructurales que provocan violaciones de derechos fundamentales. En respuestas a estas demandas, tribunales de diferentes jurisdicciones han desplegado una nueva forma de involucramiento judicial en cuestiones de naturaleza estructural. El objetivo del trabajo es introducir al lector a este nuevo tipo de intervención judicial y las problemáticas que se suscitan en torno a él, presentando las posiciones doctrinarias del ámbito local y comparado más elaboradas en la materia. En ese sentido, este trabajo se postula como un punto de partida para quienes desean involucrarse en un debate más profundo sobre el rol de la justicia en conflictos estructurales. Tomando una serie de decisiones que nuestra Corte Suprema ha dictado en los primeros años del nuevo milenio, sostengo aquí que el Tribunal responde al interrogante procedimental creando una nueva forma de intervención judicial que se ubica dentro de lo que se ha denominado en doctrina como el experimentalismo jurídico. En este sentido, este tipo de intervenciones resuelven los problemas de índole práctico, ya que transfieren al ámbito de los otros poderes la determinación del contenido de la política pública en cuestión. Asimismo, en términos de nuestra visión sobre los derechos, se propone aquí que estas intervenciones encarnan una visión robusta de los mismos, al reconocer a las obligaciones positivas del estado como parte de la estructura de tales derechos. Finalmente, se propone también que estas intervenciones resultan ser una interesante forma de reconciliar la función judicial con el principio de soberanía popular