El rol de la veeduría ciudadana en la ejecución de presupuestos públicos para el desarrollo local y comunitario de Bello, Antioquía

La sociedad con el pasar de los tiempos y a partir de los cambios culturales, políticos, ideológicos y tecnológicos, busca siempre representación ante el Estado, diseñando formulas o pactos que le permitan avanzar hacia una sociedad más justa y transparente; pero este camino no ha sido fácil recorrerlo dado que han tenido que luchar con un sinnúmero de dificultades, incluso con los mismos gobiernos donde quieren administrar desde una perspectiva individual, pese a que en la Constitución Política de 1991 en su título I, articulo 1 hace alusión al principio de prevalencia del interés general sobre el particular. Además este mismo artículo dice que, Colombia es un Estado social de derecho, donde se permite elegir y ser elegido, dentro del partido político de preferencia; de allí que, los candidatos a la hora de realizar las campañas políticas tienen en cuenta en sus propuestas resolver diversas necesidades básicas insatisfechas de los ciudadanos, pero cuando son elegidos y empiezan a ejercer sus cargos públicos se olvidan de las promesas hechas al pueblo; a y en algunos casos, que ya han sido comprobados, estos mandatarios disponen de los recursos públicos de acuerdo a su conveniencia, sin cumplir con los requisitos previstos en la Ley, por ejemplo, el Marco Normativo para la Contratación Pública, el cual establece la debida ejecución del presupuesto público, tal como se señala en la Ley Orgánica del Presupuesto Publico General de la Nación (Decreo 111 del 1996 ); Para evitar casos de corrupción como el descrito anteriormente, se diseñaron herramientas que le permiten al ciudadano ejercer el control y vigilancia en la gestión pública, como la creación de la Ley 850 de 2003 por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas cuyo objetivo es el de luchar contra los tentáculos de la corrupción en todos los niveles del Estado. En ese sentido, a través de la presenté investigación, se pudo constatar que gracias a las veedurías ciudadanas es posible hacer seguimiento a los planes de desarrollo de una administración y a su vez verificar que los programas y proyectos se cumplan en su totalidad; y en caso de que se presente una anomalía en el proceso, se cuente con el debido control para sancionar ese tipo de accionesThe society with the passage of time and from the cultural, political, ideological and technological changes, always seeks representation before the State, designing formulas or pacts that allow it to move towards a more just and transparent society; but this path has not been easy to travel since they have had to struggle with a number of difficulties, even with the same governments where they must drive from an individual perspective, although in the Political Constitution of 91, there is the principle of prevalence of general interest about the particular. It is said that, Colombia is a social state of law, where it is allowed to choose and be elected, within the political party of preference; hence, when making political campaigns take into account their proposals to solve various unsatisfied basic needs of citizens, but when they are elected and affected to their public office they forget the promises made to the people; and in some cases, which have already been verified, these agents establish public resources according to their convenience, comply with the prerequisites in the Law, for example, the Regulatory Framework for Public Procurement, which establishes the proper execution of the public budget, as indicated in the Organic Law of the General Public Budget of the Nation (Decree 111 of 1996); To avoid cases of corruption such as the one described above, tools were designed that allow the citizen to exercise control and surveillance in public management, such as the creation of Law 850 of 2003, which regulates citizen oversight whose objective is to fight against the tentacles of corruption at all levels of the state. In that sense, through current research, it was found that thanks to citizen oversight it is possible to monitor the development plans of an administration and in turn verify that the programs and projects are fully complied with; and if there is an anomaly in the process, there is due control to sanction such action