La corrupción en el ejercicio del servicio administrativo: Caso, Unidad de Gestión Educativa Local 01, 2019

El objetivo principal del presente estudio de investigación es determinar el nivel de impacto de la corrupción en el ejercicio del servicio administrativo de los servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local 01, 2019, para así plantear recomendaciones que contribuyan a solucionar este flagelo. El tipo de investigación es cualitativa basada en el diseño de investigación estudio de caso, se entrevistó a 3 funcionarios de la entidad a los cuales se les aplicó una guía de entrevista, obteniendo conclusiones como, principales causas de corrupción: (a) Demora en los trámites en general, ocasionando malestar y desconfianza en los usuarios; (b) Falta de un buen filtro en la selección de personal, debido a que no siempre en la meritocracia o conocimiento puede prevalecer la ética y la moral de la persona a contratar; (c) Remuneraciones por debajo del mercado, que, aunado a lo mencionado en los puntos anteriores, generan probabilidades de actos de corrupción; (d) La falta de entes encargados de la lucha y descarte de la corrupción; (e) Los procedimientos administrativos demasiados complejos. También se identificó que la modalidad de mayor incidencia, es la “Micro Corrupción”, tales como: a) Recepción de dadivas para acelerar el trámite de un expediente, b) cobró de boletas por almuerzo sobrevalorada por parte de colaboradores c) Cobro por agilizar la visación de certificado de estudios; la misma que afecta el sistema administrativo además de la “Macro corrupción” que no priorizaremos en esta investigación. Finalmente permitió explicar que la normatividad no toma en cuenta aspectos como: a) La carga de expedientes que tiene la entidad, b) Los plazos para una eficiente atención, c)Plazo para las prescripciones d) Vacío legal y desfase de algunas normas; por ello el incremento de la corrupción altera los procedimientos regularmente establecidos en ésta entidad, las cuales se canalizan a través de la STPAD – COPROA – y la Procuraduría a través del Área de Asesoría Jurídica, cumpliendo con lo que la Ley exige