El tratamiento especial de las conductas delictivas ejecutadas en el marco de protestas sociales de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz : una medida necesaria para la construcción de paz

204 páginasEste documento contiene un anáiisis descriptivo de la historia política y social de nuestro país desde la época conocida como 'La Violencia", a partir del cual se concluye que la exclusión ciudadana del ejercicio político y democrático es una de las causas del conflicto armado en Colombia o condición de su perdurabilidad, tal como se refleja en el Acuerdo Final de Paz . De ahí que la Constitución Política de 1991 haya pretendido el fortalecimiento de la participación ciudadana como una herramienta para la construcción de paz. No obstante, la conceptualización que contiene la carta superior sobre la protesta social, no coincide con el desarrollo normativo que de ella se ha hecho para su regulación y control, ni con los discursos y prácticas oficiales y extraoficiales que se realizan frente a ella. Es por ello que se evidencia la necesidad de interiorizar un entendimiento distinto sobre la protesta, que lleve a considerar como un derecho y un ejercicio ciudadano legítimo y necesario para la reconciliación nacional y que, en ese mismo sentido, las conductas delictivas ejecutadas en el marco de protestas sociales de competencia de la JEP puedan recibir un tratamiento especial, siempre que guarden relación con el delito político.This document contains a descriptive analysis on the social and political history of the period known as "the violence" in our country. lt argues that the exclusion from political and democratic activities that a part of this society was subjected is one of the causes of the armed conflict in Colombia or that it conditioned its duration, this is reflected in the peace agreements. That explains why the Political Constitution of 1991 sought to strengthen the citizen participation as a tool for peacebuilding. Neverthless, the conceptualization of social protest written in our Constitution does not coincide with its legal implementation, neither in the way it is controlled nor in the discourses and official practices carried out on this matter. Fot this reason, there is a need for a different understanding of what protest is. This new understanding must consider it as a right and a legitimate and necessary citizen exercise for the national reconciliation. In that same direction, the Special Jurisdiction for Peace should treat the criminal conducts committed in the context of social protest in this new conception, lf they are related to political offence .MaestríaMagíster en Justicia y Tutela de los Derechos con énfasis en Derecho Procesa