Los municipios no deben tener cárceles

El servicio público de construcción, mantenimiento y operación de cárceles es del orden nacional porque así lo dispone la ley 65 de 1993, y como esta normativa sólo obliga a los municipios a construir y operar cárceles para personas detenidas preventivamente o condenadas por contravenciones de conocimiento de las autoridades de policía, estos entes territoriales realmente no tienen obligación alguna ya que en la Constitución de 1991 únicamente los jueces pueden privar de la libertad a las personas. Luego si ninguna autoridad de policía puede disponer medida cautelar de detención preventiva ni de condena a arresto o prisión, la consecuencia lógica es que no deben existir cárceles municipales