La suspensión condicional de la acción penal: luces y sombras del Borrador de Código Procesal Penal

La propuesta de suspensión condicional del procesamiento que recoge el Borrador de Código Procesal Penal, como manifestación del principio de oportunidad que se intenta introducir en nuestro ordenamiento procesal penal, carece tanto de las más mínimas garantías procesales, como de un mínimo íter procedimental para su ejecución por parte del Ministerio Fiscal. Y ello a pesar de haber tenido como antecedente pre-legislativo el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y las normas que sobre dicha medida se aplican en otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno jurídico. Tanto en un caso -el Anteproyecto- como en el otro -el Derecho comparado- la Comisión de Reforma tenía ante sí la opción de basarse en un procedimiento y unos criterios normativos que permitiesen uniformizar la decisión del Fiscal, estableciendo en qué tipo de prestación o prestaciones se concretará la condición a cumplir por el sujeto desviado del proceso y los límites temporales de la misma, así como la exigencia del consentimiento informado del imputado y de la participación de la víctima, entre otras cuestiones de relevancia práctica. Pero, desafortunadamente, la opción no fue ésta sino la de innovar y, lo que probablemente es peor, crear con premura un texto que carece de un mínimo sustento procesal. El presente artículo pone de manifiesto y evidencia las carencias y errores normativos de un borrador, que podía haber acertado en su loable finalidad, y propone posibles soluciones de cara a su posible y futura modificación.The proposed conditional caution included in the Draft of Criminal Procedure Code, as part of the principle of opportunity that is intended to be introduced in our criminal procedural law, lacks both of the minimum procedural guarantees, and of a minimum procedural iter to be applied by the Public Prosecutor. And this is despite the Law Reform Commission had, as antecedent, a previous Draft of Criminal Procedure Code, where the same conditional caution was correctly included, and the example given by other legal systems, where the conditional caution is applied. Having had in mind the mentioned examples -the previous Criminal Code Draft and other legal systems - the Law Reform Commission would had drafted a proper regulation stablishing the necessary criteria which would allow to standardize the prosecutor's decision, establishing the specific conditions and deadlines to be met by the accused; and also the requirement for the accused to be correctly informed in order to give his/her necessary consent, and the way in which the victim should participate, among other issues of practical relevance. Unfortunately this was not the choice for the Law Reform Commission, but to innovate in the field of criminal justice, and what is probably worse, hastily created a text that lacks of a minimum legal procedure support. This article reveals the weaknesses and errors in the drafting, and suggests some possible solutions towards their possible future modification.Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de investigación “Derechos Fundamentales versus Seguridad en un nuevo modelo de Justicia” (Ref. DER2013-47584-R, Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad; Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España)