El Tribunal Electoral entre el activismo y la garantía de los derechos político-electorales: acerca de la (i)legitimidad de excluir a las candidaturas independientes de la asignación de cargos de representación proporcional

Is it justified that courts review if political decisions adopted in law adjusts to the principles and rights recognized in the Constitution? In this article the question is answered by defending a post-positivism conception of Law, based on which it is admissible that the judicial authorities ─particularly constitutional courts, such as the Mexican Electoral Court of the Federal Judiciary─ solve the legal matters that are raised considering the principles and values that are recognized in the constitutional order of the State. Thus, it is justified the relevance for a constitutional democracy of the existence of a court that controls ─in a rational way─ the legal validity of law. Hence, it is presented and supported a judgment of the Mexican Electoral Court, in which it is decided that the exclusion of the non-partisan candidacies of the assignation of proportional representation charges ─despite the fact that the electoral model itself makes viable its participation─ is unconstitutional, because it supposes a violation of the right of being elected in equal conditions, of the equal value of vote and of the own purposes of the proportional representation system¿Es legítimo que los tribunales revisen si las decisiones políticas adoptadas en la ley se ajustan a los principios y derechos reconocidos en la Constitución? En el artículo se responde a esta pregunta a partir de la defensa de una concepción pospositivista del derecho, con base en la cual se admite que las autoridades jurisdiccionales ─particularmente los tribunales constitucionales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación─ resuelvan los problemas jurídicos que se les plantean, considerando los principios y valores que se reconocen en el orden constitucional del Estado. De esta manera, se justifica la importancia para una democracia constitucional de que exista un tribunal que pueda controlar racionalmente la validez jurídica de la ley. Para ello, se expone y defiende un criterio adoptado por el Tribunal Electoral, en el cual consideró que es inconstitucional la exclusión de las candidaturas independientes de la distribución de cargos de representación proporcional cuando el propio modelo hace viable su participación, pues esa situación se traduce en una violación del derecho a ser votado en condiciones de igualdad, del valor igualitario del voto y de las propias finalidades del principio de representación proporciona