Editorial

Este mes de julio del presente año es el mes de las elecciones de autoridades en nuestra Universidad, en el proceso de adecuación a la nueva Ley Universitaria 30220. Esta llamada «nueva ley» fue presentada con el propósito de iniciar una reforma universitaria, y algunos la conciben en ese sentido. En el debate de ella se han manifestado solo sotto voce desacuerdos sobre temas medulares, como el relacionado con su constitucionalidad. Tales desacuerdos no han trascendido y quedaría la impresión de una aceptación o resignación que debe despejarse. Sin embargo, es posible señalar inconstitucionalidades flagrantes como la expresada en el artículo que crea la organización de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). Según el DRAE, superintendencia es la «suprema administración en un ramo». Las universidades en nuestro país no han pertenecido al sector educación porque ellas no educan en el sentido de instruir y formar moral y cívicamente. Esto lo hizo una comisión congresal a cuyos miembros no se les conoce como egresados y titulados de universidades o expertos en educación, como ex autoridades académicas o científicas