Consecuencias pecuniarias de la declaratoria de nulidad del acto de retiro de los servidores públicos

This article aims to clarify the three jurisprudential positions regarding the payment of sums of money that are recognized as a consequence of the declaration of nullity of the act of retirement of public servants that have been adopted by the Council of State and the Constitutional Court, which have been considered as guarantee, intermediate and proportional. Likewise, in accordance with the principles of the labor law of progressivity, protector and favorability, the position that should be applied in order to pay an illegal act consistent with the action of the administration must be that which guarantees the effective protection of the pecuniary rights of the server, being this, the one that determines the prohibition to realize any type of discounts at the time of reestablishing the impaired right. Although the jurisprudence has tried to guarantee the protection of the public treasury with the payment restrictions, it can`t disregard the principles of labor law to which the servants are entitled.Este artículo pretende esclarecer las tres posturas jurisprudenciales en torno al pago de las sumas de dinero que se reconocen como consecuencia a la declaratoria de nulidad del acto de retiro de los servidores públicos que han sido adoptadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, las cuales se han considerado como garantista, intermedia y proporcional. Así mismo, de conformidad con los principios del derecho laboral de progresividad, protector y favorabilidad la postura que debería aplicarse en aras de pagar por un acto ilegal consecuente con el actuar de la administración debe ser aquella que garantice la efectiva protección de los derechos pecuniarios del servidor, siendo esta, la que determina la prohibición de realizar cualquier tipo de descuentos a la hora de restablecer el derecho menoscabado. Si bien la jurisprudencia ha pretendido garantizar la protección del erario público con las restricciones al pago, la misma no puede desconocer los principios del derecho laboral al cual los servidores tienen derecho