Extensión de la participación política y de la tutela judicial en la República Argentina

Since Sáenz Peña´s Act we had a meaningful progress in shaping the representative democracy designed in our original Constitution, while 1994´s constitutional amendment -the biggest and most extensive of our history- was also a very important political reform towards a participatory democracy, the consequences of which reflect today in greater equity of electoral processes. From implementing universal suffrage, Act 8871 inspired other legislation that extended afterwards the composition of the electorate (Ac. CNE 23/12) this occurred with women participation as of the incorporation of woman’s right to vote in 1951´s election (Act 13.010); the right to vote of citizens residing abroad (Act 24.007); the right to vote of unconvicted prisoners (Act 25.858); and the reduction of the voting age to 16 (Act 26.774), among other -less visible or relevant- in order to eliminate legal and factual barriers, to continue expanding electoral participation within our Constitutional stipulations (Ac. CNE 54/13). This way, we are witnessing a profuse development of political participation rights that implies a wide conception of representative democracy that relies on people’s sovereignty.Desde la Ley Sáenz Peña se constituyó un significativo avance civil en la construcción de la democracia representativa diseñada en nuestra constitución histórica, la reforma constitucional de 1994, la más importante y extensa de nuestra historia fue también una reforma política trascendental en dirección a una democracia participativa, cuyas consecuencias se reflejan en una mayor equidad en los procesos electorales. Al implementar el carácter universal del sufragio, la Ley Nº 8.871 inspiró otras normas que extendieron la composición del cuerpo electoral (Ac. CNE[1] 23/12), como ocurrió con la participación de la mujer a partir de la incorporación del voto femenino en las elecciones de 1951 (Ley Nº 13.010); el voto de los argentinos residentes en el exterior (Ley Nº 24.007), el voto de los detenidos sin condena (Ley Nº 25.858); y el voto de los jóvenes a partir de los 16 años (Ley Nº 26.774), entre otras acciones menos relevantes o visibles tendentes también a suprimir las barreras jurídicas y fácticas para continuar expandiendo –dentro de lo previsto por nuestra Constitución Nacional– la participación electoral (Ac. CNE 54/13). Actualmente estamos en presencia de un profuso desarrollo del derecho de participación política, que supone una concepción amplia acerca de la democracia representativa que, como tal, descansa en la soberanía del pueblo.   [1] En adelante “Acordada de la Cámara Nacional Electoral”