Crisis y primer embate de la reforma de la negociación colectiva: la seguridad y salud laboral y la posible deriva hacia el dumping preventivo

La seguridad, la higiene y la salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales son fiel reflejo del carácter tuitivo del Derecho del Trabajo, al incidir sobre los derechos fundamentales que resultan exponentes de los bienes jurídicos más básicos y elementales del trabajador en tanto persona (su vida, su integridad personal − física y moral −, su salud y su bienestar). Aunque la normativa heterónoma reguladora de esta materia es abundante y exhaustiva (albergando numerosas normas de Derecho necesario, algunas de ellas, de carácter absoluto), el espacio para la autonomía colectiva en esta materia es muy amplio, y así se prevé por la propia legislación. La negociación colectiva se concibe por el legislador español como un instrumento de singular eficacia para la concreción del modus de cumplimiento de algunas obligaciones preventivas empresariales; de mismo modo, se le confiere una relevancia indiscutible a la hora de articular la necesaria adaptación de ciertas previsiones reglamentarias deliberadamente “abiertas” a las peculiaridades propias de los distintos ámbitos productivos e, incluso, a las diferencias “anatómicas” derivadas de la heterogeneidad constitutiva del tejido productivo español (predominantemente integrado por pequeñas y medianas empresas). En dicho contexto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal y provincial han venido desarrollando, hasta ahora, y de acuerdo con una estructura negocial relativamente ordenada (al menos, en lo referente al reparto de competencias negociadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo) un papel fundamental, cuyas manifestaciones más recientes se analizan en el presente artículo. Sin embargo, la reforma de la negociación colectiva, llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 7/2011, ha venido a “liberalizar” la estructura de la negociación colectiva y, aunque mantiene la relevancia de la negociación colectiva de ámbito sectorial estatal (atribuyéndole un papel “trascendental” que, de acuerdo con los nuevos parámetros establecidos por la reforma, puede conducir a interpretaciones inquietantes), aboca a la desaparición a la hasta ahora muy activa negociación colectiva sectorial de ámbito provincial. Al mismo tiempo, se impulsa la negociación en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas (con un sistema más que difuso, confuso, de coexistencia con los convenios estatales) y, sobre todo, en el nivel empresarial (lo que no deja de ser una quimera e, incluso, un grave peligro en un país de pequeñas y medianas empresas y microempresas, con graves carencias de estructuras de representación de los trabajadores). Se reflexiona aquí sobre todas estas cuestiones y sobre los eventuales contenidos que la negociación colectiva sobre seguridad y salud en el trabajo pueda tener en este nuevo escenario.Safety, hygiene and health at work and occupational risk prevention are a true reflection of the protective character of labor law, because they impact on fundamental rights which are exponents of the fundamental and most basic worker’s human rights (life, personal integrity − physical and moral − health and welfare). Although heteronomous rules governing such matter are abundant and exhaustive (housing many full rules), the space for collective autonomy in this area is very wide, and so provided by the legislation itself. Collective bargaining is conceived by the Spanish law as a uniquely effective tool for the realization of the mode of implementation of some enterprise’s preventive obligations; in the same way, collective bargaining gives an indisputable relevance in articulating the need to adapt certain deliberately “open” regulatory provisions to the peculiarities of the various fields of production and even the “anatomical” variety derived from the constitutive heterogeneity of the Spanish productive structure (predominantly composed of small and medium enterprises). In this context, both, state and provincial sector collective agreements have been developed so far, and according to a relatively orderly bargaining structure (at least in terms of negotiating the division of responsibilities for safety and health at work) a significant role, more recent manifestations of which are discussed in this article. However, the reform of collective bargaining conducted by the Royal Decree-Law 7/2011, has “liberalized” the structure of collective bargaining and, while maintaining the relevance of state sector-wide collective bargaining (attributing a role “transcendental” which, according to new guidelines established by the reform, can lead to disturbing interpretations), tackles the disappearance of the hitherto very active provincial sector collective bargaining. At the same time, it encourages trading in the territory of the Autonomous Communities (with a more than vague, confusing, coexistence with state conventions) and especially agreements at the enterprise level (which is not longer a chimera and even a serious hazard in a country of small and medium enterprises and micro-enterprises, with severe shortages of structures representing the workers). We reflect here on all these issues and about any content that collective bargaining on health and safety at work can have in this new scenario