La aplicación del principio de culpabilidad en el derecho sancionador bancario

Una vez aceptada la necesidad de adaptación de los principios penales a las peculiaridades del Derecho Administrativo Sancionador, se hace necesario realizar un estudio de la evolución histórica de la normativa básica estatal, la cual ha permanecido estática durante más de veinte años. Partiendo de la oscura y enigmática expresión elegida a la hora de redactar el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la comparativa realizada en relación con los artículos 28.1 y 29.3 a) de la Ley 40/2015, culmina con la asunción actual del principio de culpabilidad determinado de forma expresa y asumido de una vez por todas en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Mediante la introducción de la exigencia de dolo o culpa, se rompe con el esquema de responsabilidad tratado hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2015, circunstancia en detrimento del presente estudio, debido al escaso margen temporal que ha transcurrido para la judicialización de aquellos supuestos cuyo análisis pudieran aportar profundidad a los elementos tratados en el mismo. No obstante, salvada la polémica, la cual ha suscitado numerosos estudios e interpretaciones por parte de la Doctrina y de los Jueces y Tribunales, respectivamente, pasamos a la compleja aplicación del principio de culpabilidad respecto de la persona jurídica. La aplicación de dicho principio reporta una dificultad añadida cuando el sujeto responsable en la comisión de la infracción es una persona jurídica, es decir, aquellos que controlan de manera efectiva la actividad de una entidad y los miembros de los órganos de administración y/o dirección de la misma. Así las cosas, del estudio de desarrollos doctrinales del principio de culpabilidad, en ciertos casos influenciados por legislaciones extranjeras, se intenta llevar a cabo la determinación de un concepto de culpabilidad válido que pueda aportar algo de luz a los criterios generales o a los elementos integrantes del juicio de culpabilidad respecto a las personas jurídicas. El presente trabajo ha centrado la mirada en un ámbito muy determinado, la aplicación del principio de culpabilidad a las entidades financieras, lo que ha producido un desborde de material legislativo comunitario y nacional, así como la aparición de resquicios de desconfianza derivada de las experiencias económico-financieras vividas, tras la gran recesión del año 2008, en cada cuerpo legal analizado. Bajo la protección de los intereses públicos en juego se ha desarrollado a lo largo de los últimos diez años una extensa normativa concebida de un modo restrictivo, para intentar dotar a un sistema basado en el riesgo, de cierta seguridad. Como no podía ser de otro modo, se ha procedido al análisis de la institución del Banco de España, concebido como Autoridad Administrativa Independiente de status singular, integrado en un sistema supranacional, llevando a cabo una exposición lo más pormenorizada posible de la distribución de competencias, del ejercicio de las potestades que ostenta y de la norma básica de aplicación en nuestro derecho interno, esto es, la Ley 10/2014, de 26 de junio de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.Como reflejo de la importancia e incidencia práctica de la materia, se realiza una recopilación de la aplicación judicial de este principio, en relación con la imposición de sanciones a las entidades financieras, advirtiendo ciertas disfunciones como resultado de esa falta de concreción en la norma. Por último, se hace especial referencia al Derecho de la Competencia, el cual ha dedicado un esfuerzo significativo a la hora de intentar estructurar ciertas pautas de aplicación de un principio de culpabilidad más trabajado, en contraposición a la pobre y escasa argumentación de los Jueces y Tribunales en el Derecho sancionador bancario, resultado de las circunstancias que veremos a lo largo del presente trabajo. El interés de la materia tratada resulta incuestionable, más allá de la reciente incorporación del principio de culpabilidad a la normativa básica estatal, que aunque elemento clave en este trabajo, únicamente ha sido utilizado para dar pie a un análisis de una materia de rabiosa actualidad. La aplicación de este principio en un ámbito determinado y en relación con las personas jurídicas que operan en el mismo, se configura como un buen campo de pruebas para dilucidar el estado de la cuestión en la actualidad y la evolución que pueda llegar a producirse respecto de la potestad sancionadora en la actividad económico-financiera.