La pericia social y la judicialización de la pobreza

Tesis (Magíster en Intervención Socio-Jurídica en Familia)El presente documento se desarrolla desde una mirada crítica al despliegue de la labor profesional del Trabajo Social en el ámbito pericial, reconociendo los aportes metodológicos de esta acción técnica evaluativa, desde el objetivo de evidenciar dinámicas estructurales que interfieren en las posibilidad de generar acciones de cuidado y protección para niñas/niños y adolescentes por parte de sus adultos significativos, es decir una acción evaluativa centrada en relaciones familiares y sus significados, reconociendo la particularidad de las mismas. Cuando esta labor pericial evidencia un contexto de pobreza en la que se genera una historia familiar, desde lo técnico metodológico, el análisis evaluativo se sitúa en un problema social, relacionado a la falta de justicia social en referencia a la dificultad o ausencia de acceso a oportunidades, a la imposibilidad de responder a necesidades objetivas e integrales de los miembros de un grupo familiar, estando esta vivencia ligada directamente a la acción política de nuestras estructuras sociales de control, es decir a cómo nos organizamos con sociedad. La pobreza comprendida desde la integralidad de las necesidades que no logran ser resueltas, afecta a un grupo familiar al ubicarlo en una relación con los sistemas sociales externos, como de imposibilidad de ser agentes de sus propios procesos de cambio, de ser actores en la posibilidad de organizar sus propias vidas, de tener libertad para generar un proyecto de promoción del desarrollo de los miembros de este grupo familiar. Cortina (2017) menciona que: “¿es una obligación de justicia para las sociedades proporcionar a sus miembros las oportunidades necesarias para que puedan ser agentes de sus vidas, seres autónomos y no heterónomos, capaces de proponerse proyectos de vida feliz y de intentar llevarlos a cabo?” (p.130). Desde la acción pericial diaria, dentro de una institución dependiente del Servicio Nacional de Menores, es posible observar en la evidencia continua de los casos, que aquellas familias ubicadas dentro de los quintiles de menores ingresos, que dan cuenta de dificultades en el ejercicio de una labor de cuidado a otro, en el momento en que su situación de dificultad es judicializada, los operadores intervinientes tienden a evidenciar múltiples factores de riesgo relacionados a la vivencia estructural de la pobreza, apareciendo juicios de valor en torno a la no posibilidad de cambio, a la falta de capacidad, y acciones que fragmentan sus relaciones de origen, desde una posición de desear controlar y modificar lo que al parecer esas familias por sí solas no lograrían desarrollar. Si lo anterior lo relacionamos con la observación de la vulnerabilidad en la que nos sitúa la infancia, dependiente de los adultos cuidadores, las acciones de los operadores del sistema de protección que hemos construido y mantenido como país, movilizan mayores decisiones en torno a ser ellos los que deciden en referencia a minimizar la sensación de amenaza o de riesgo en que consideran se encuentra la infancia ligada a la pobreza. Aparece por tanto necesario, hacer dialogar, desde una mirada crítica a la practica social de protección de la infancia; la concepción de la pobreza, si bien cierta, entendida como multiplicidad de dimensiones que dan cuenta de problemas sociales, arraigados en estructuras económicas, sociales y culturales; con la capacidad que han tenido nuestras sociedades de promover la existencia de oportunidades de calidad, para aquellas familias que se encuentran en esta situación de falta de libertad, por sobre o en diferenciación de las acciones que se han perpetuado en el tiempo, de controlar la pobreza a través de la fragmentación de los vínculos familiares interferidos, cuestionados, devaluados, por los operadores profesionales, ante la sensación de amenaza de la vulnerabilidad propia de la infancia. Lo anterior, a partir de un análisis de caso de evaluación pericial desarrollada, busca proponer una mirada metodológica dentro de los procesos judiciales de protección, donde la prueba pericial social, puede ser una aporte no sólo en referencia a los hechos a probar, que en causas proteccionales se relacionan con probar la necesidad de dar curso o no dar curso a acciones de protección judicial territorial; sino que también comprendida la pericia como un instrumento que puede iluminar tanto al sistema judicial como a los operadores del mismo, de la necesidad de integrar elementos de análisis en torno a las relaciones sociales, que permitan desde el contexto de pobreza reconocer e integrar realidades particulares no siempre amenazantes, no siempre incapacitadas, sino con presencia de recursos y de dificultades posibles a trabajar, y que desde la ética profesional y desde la Convención de Derechos del Niño, deben ser acompañadas en sus procesos de cambio, resguardando las relaciones familiares origen, aunque este origen sea en un contexto de pobreza