En este trabajo defendemos que Internet es un bien público universal cuyo acceso debería estar garantizado a la ciudadanía para el ejercicio de sus derechos y una mayor participación democrática. A pesar de los avances en este sentido, apreciamos que en los distintos procesos de mejora en la organización e informatización de la administración pública existe un aspecto primordial que ha sido descuidado de manera reiterada, esto es, la garantía de acceso a estas nuevas tecnologías en condiciones adecuadas de asequibilidad. En el diseño de la “administración digital” (para un gobierno abierto), no se han contemplado, como sería oportuno y deseable, medidas idóneas para acompañar la metamorfosis del “ciudadano analógico” al “ciudadano digital”....