Alcance del deber de investigar, juzgar y sancionar en transiciones de conflicto armado a una paz negociada: convergencias entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional

This article analyzes the scope of the obligation to investigate, prosecute and punish in a scenario of transition from armed conflict to a negotiated peace, in light of the jurisprudence of the Inter-American Human Rights System and the legal framework that governs the International Criminal Court. Through a doctrinal and jurisprudential analysis, the authors identify that there are debates, gaps and problematic issues in the determination of the duty to investigate, prosecute and punish. In order to give greater clarity, the IAHRS and the normative framework of the ICC must be analyzed together, since they can be complementary considering the high criminal content of the obligation. Likewise, the authors find that the existence of gaps in the determination of the obligation, especially in relation to the conducts subject to the obligation and the possibility of selecting cases and concentrating on those most responsible, has serious consequences for the legal security of the States and citizens.El presente artículo analiza el alcance de la obligación de investigar, juzgar y sancionar en escenarios de transición de conflicto armado a una paz negociada, a la luz de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y del marco jurídico que rige a la Corte Penal Internacional (CPI). A través de un análisis doctrinal y jurisprudencial, las autoras identifican que existen debates, vacíos y cuestiones problemáticas en la determinación de la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y que para darle mayor claridad deben analizarse conjuntamente el SIDH y el marco normativo de la CPI, ya que pueden resultar complementarios teniendo en cuenta el alto contenido penal de la obligación. Así mismo, las autoras evidencian que la existencia de vacíos en la determinación de la obligación, especialmente en relación con las conductas objeto de la obligación y la posibilidad de seleccionar casos y concentrarse en los máximos responsables, tiene graves consecuencias para la seguridad jurídica de los Estados y de los ciudadanos