Internet en Argentina: políticas de acceso, regulación y derechos humanos

La expansión de Internet implica desafíos para los Estados. A saber: brindar el acceso universal a la cultura digital para todos los ciudadanos, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el espacio convergente y regular sobre las responsabilidades de los diversos actores políticos, económicos y sociales. En este sentido, el proyecto “Internet en Argentina: políticas de acceso, regulación y derechos humanos” describió y analizó las políticas públicas en Argentina entre 2010-2018 en materia de acceso y regulación de Internet.Para alcanzar el objetivo, se utilizaron herramientas como el análisis bibliográfico y entrevistas a actores clave, como coordinadores generales de la Comisión de Planificación del Tendido de Fibra Óptica, necesaria para la distribución de la conectividad, y el vicepresidente de ARSAT, organismo responsable del desarrollo y control de los planes y proyectos ejecutados en el período de análisis. Además, se estudiaron legislaciones y documentos como discursos públicos, declaraciones de autoridades competentes y documentos oficiales.En el abordaje, se observó que en el diseño de las políticas para Internet en Argentina aparece un entrecruzamiento de actores, procedimientos y toma de posiciones aún en etapa de estructuración. Este proceso, que se intensificó en 2010 cuando el Estado asumió un nuevo rol intervencionista, sufrió modificaciones a partir de 2016. Si bien las iniciativas continuaron en agenda, adquirieron nuevas características con el cambio presidencial. En este sentido, en una primera etapa se buscó reducir la brecha digital, mientras que en la segunda se apuntó a la alfabetización tecnológica.Del estudio también se desprende que la viabilidad de estas políticas fue posible solo con el papel activo del Estado, puesto que participaron diversos organismos públicos nacionales (Ministerio de Planificación, de Educación, de Trabajo, de Modernización, la SeCom, ANSES y ARSAT, entre otros), aunque esto no implicó necesariamente una articulación entre ellos. No obstante este abanico de actores, las políticas no contaron con la colaboración de actores de la sociedad civil, como operadores privados (dueños de cooperativas de servicios de Internet y Pymes), sindicatos y/o autoridades educativas receptoras de los avances en la conectividad.El trabajo se enmarcó en la línea de investigación “Escenario de las nuevas tecnologías” del Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la USAL