El debate jurídico en torno al contrato de prestación de servicios

The apparent reduction of public servants in public entities corresponds to an increase in the use of personal services contracts, as a tool to evade the selection processes that are required by Administrative Law to hire public servants. Due to the discretionary powers to sign this kind of contracts, the personal services contracts are used as an instrument to elude Constitutional and legal sections which are aimed at ensuring equality in the access to the public service and creating stability within such service.Because of the misuse of personal services contracts, the Colombian State does not pay to the independent contractors the legal required social entitlements that it should pay to them, thereby undermining the independent contractors' economic conditions. Such misuse has been condemned by Colombian highest Courts because Colombian administrative law defines the public service and attaches to it significant rights and obligations. In particular, Law 80 establishes the guiding principles of the public hiring process whose compliance by all Colombian public enterprises and entities must be ensured.In consequence, both institutions, namely, public servants and public contracting belong to the field of administrative function and are regulated by Public Law, particularly Administrative Law.Departing from these premises, the purpose of this research is to locate public contracting and public function under the scope of Colombian Constitution and Colombian Social Rule of Law, with all their consequences.The research seeks to answer the question whether the massive hiring of independent contractors in lieu of public servants to perform pretty much the same functions the latter would perform conforms to Colombian Constitution and its Social Rule of Law. This research also examines new designs of the public sector under which public servants are replaced by independent contractors and by non-profit organizations.A la aparente reducción de las plantas de personal de las entidades estatales corresponde un aumento en la celebración de contratos de prestación de servicios, mecanismo que permite evadir los sistemas de selección exigidos para la contratación estatal lo mismo que para el ingreso y permanencia en el sector oficial. Dada la discrecionalidad en su celebración, el contrato de prestación de servicios también es el vehículo empleado para oficializar y legitimar el incumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que imponen la carrera administrativa para el ingreso y permanencia en la función pública. Además con la desfiguración del concepto legal del contrato de prestación de servicios se logra eludir el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, lo cual se traduce en desmejoramiento de las condiciones económicas de los contratistas. En síntesis el prestación de servicios de manera velada desconoce el ordenamiento jurídico superior, no obstante la posición de censura adoptada en un comienzo por las altas instancias judiciales. Ello, en razón a que la legislación colombiana a partir de la Constitución Política define el carácter del servidor público con los derechos y obligaciones que le son propios; de igual manera, establece en el Estatuto de la Contratación Estatal - Ley 80 de l.993- los principios rectores que deben orientar todos los procesos de contratación a cargo de las entidades oficiales.En consecuencia, ambas instituciones: la del servidor público y la del contrato estatal, pertenecen al campo de la función administrativa; están reguladas por normas de Derecho Público y más exactamente por el Derecho Administrativo. A partir de tales presupuestos es labor de la investigación, ubicar tanto la contratación estatal como la función pública bajo las directrices que impone la Carta Política en un Estado social de derecho, con todas las consecuencias que tal consagración conlleva. La investigación debe abrirse al interrogante sobre la conformidad de estos contratos de prestación de servicios para vincular personas a la nómina de las entidades oficiales, con la preceptiva constitucional que instituye el Estado Social de Derecho. El estudio deberá extenderse a los procesos de reestructuración como dispositivo que desplaza los empleados públicos por los contratistas de servicios personales y el papel de las cooperativas en esta modalidad contractual