Tiempo de balance : deudas sociales pendientes al final del Bicentenario: necesidad de atender las demandas del desarrollo con mayor equidad e inclusión social

Resumen: Este estudio “TIEMPO DE BALANCE: DEUDAS SOCIALES PENDIENTES AL FINAL DEL BICENTENARIO. NECESIDAD DE ATENDER LAS DEMANDAS DEL DESARROLLO HUMANO CON MAYOR EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL” ofrece información del estado de situación social en la Argentina para el período 2010-2015 a partir de la información generada por la Encuesta de la Deuda Social – Serie Bicentenario. Ese nuevo informe busca contribuir al esclarecimiento de un período histórico cargado una vez más de fuertes controversias. En este marco, es tan importante aprender de aciertos y errores anteriores, como descifrar el carácter estructural de muchas de las deudas sociales que nos atraviesan. Tanto antes como ahora, las injustas privaciones pueden agravarse frente a un error de diagnóstico que conlleve a equívocos insalvables en la orientación de las políticas. El actual escenario político económico está signado tanto por expectativas positivas como por temores justificados. Esto ocurre –según sus protagonistas- en el marco de un conjunto de medidas orientadas a ordenar los desajustes macroeconómicos dejados por la administración anterior, así como a crear las bases para un nuevo modelo de desarrollo de más largo aliento. Ahora bien, con el fin de contar con un diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada, de los urgentes desafíos que se nos presentan y del eventual acierto que puedan tener las políticas que se adopten, se requiere información estadística amplia, veraz y objetiva. Este estudio representa un valioso aporte en este sentido. Tal como hemos señalado otras veces, las estadísticas sociales ofrecen información acerca de problemas relevantes que, una vez interpretados, constituyen un conocimiento valioso para la acción, el debate y la definición de políticas. Este modo de generar conocimiento permite hacer comparaciones, establecer relaciones y sacar conclusiones sobre los problemas que preocupan a la sociedad. Datos como los índices de precios, pobreza, empleo y desigualdad, entre otros, constituyen medidas cruciales para evaluar la calidad de vida de una población. El actual gobierno apuesta a alcanzar soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica; a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar. Ahora bien, para llegar a esta meta, el esperado derrame requiere atravesar –a juicio del gobierno- por una tan inevitable como dolorosa transición en materia social. En este marco, la nueva administración ha buscado activar –aunque por lo general de manera tardía- una serie de medidas de alivio: aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados; entre otras medidas; a la vez que algunas de las cuales todavía son proyectos (ampliación de la AUH, reactivación de la construcción a través de la inversión pública en infraestructura). A pesar de lo cual cabe llamar la atención en que el mayor riesgo social no sólo lo están experimentando los segmentos de la población más vulnerables que dependen de la ayuda social, sino también los millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales. Todos ellos, además de carecer de visibilidad y representación política no han sido objeto de una especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad. Un segmento al cual no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumento en los programas sociales, etc. Justamente, es esta masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares los que constituyen los “nuevos pobres” que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno. Es factible que el gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para generar confianza en que un futuro distinto es posible; sin embargo, muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles. En este contexto, el Observatorio de la Deuda Social Argentina espera a través de sus informes seguir contribuyendo a visibilizar, comprender y debatir los desafíos en materia de desarrollo humano, integración social y equidad que continúa enfrentando nuestra sociedad