Rescisión concursal versus seguridad del tráfico jurídico / Action to increase the bankruptcy assets vs. legal certainty

El legislador ha querido vincular la acción rescisoria concursal a dos únicos requisitos, el perjuicio causado por el acto realizado por el deudor y el periodo de tiempo en que debe producirse, es decir, los dos años anteriores a la declaración del concurso. Excluye por tanto el requisito subjetivo, esto es, la buena o mala fe de las partes, o presunción de la misma, que no se contempla como presupuesto propio de esta acción. Sin embargo, en el primer párrafo del artículo 71 de la Ley Concursal se refiere el concepto de perjuicio sin aportar ningún tipo de contenido descriptivo del mismo. Esto provoca que la mera lectura de la Ley pueda llevar más a conjeturas que a evidencias. Ha sido la práctica y muy especialmente la aplicación e interpretación que han hecho los tribunales de este artículo durante los quince años de vigencia de la norma los que han permitido dotar de contenido a este concepto, definiéndolo como un “sacrificio patrimonial injustificado ” que produce la minoración del activo injustificada y vulneración por lo general la regla “par conditio creditorum”. Perjuicio que suele identificarse con el hecho de concurrir un desequilibrio entre las prestaciones de las partes. Dicho desequilibrio lo concretan multitud de sentencias con una fórmula repetida hasta la saciedad, “la ausencia de precio de mercado”.En este artículo se hace un estudio pormenorizado de las consecuencias que provoca la desconexión de la acción rescisoria concursal del requisito subjetivo y su conexión a un perjuicio identificado como ausencia de un precio de mercado, para poner de manifiesto el riesgo que provoca esta forma de construir el Derecho a la seguridad del tráfico jurídico.