Políticas públicas para la neutralidad de la red en Argentina: escenarios y tensiones emergentes sobre el futuro de internet

La neutralidad de la red hace referencia al criterio sobre el cual debe ordenarse la circulación de los contenidos en internet, garantizando el acceso igualitario para los usuarios, independientemente de quién los produzca o de la cantidad de usuarios que accedan a ellos. De esta manera, el principio se vincula de forma estrecha con el acceso universal a la información y el derecho a la libertad de expresión. A pesar de que internet se originó como una red de carácter “neutral”, existe una tensión permanente entre los viejos y nuevos actores involucrados en el sector, que pugnan por sus intereses en un contexto de regulación de la red. Esta investigación retomó los debates en el ámbito legislativo sucedidos en Argentina en torno a la neutralidad y la inclusión de este principio en la normativa nacional. El recorte temporal abarcó entre 2011 y 2014, una etapa prolífera en términos de discusión sobre la neutralidad. Durante esos años se presentaron 14 proyectos que tuvieron tratamiento en comisión del Senado y, finalmente en 2014 se sancionó la ley de telecomunicaciones 27.078, conocida como “Argentina Digital”, que consagró este principio de modo general. El abordaje demostró que durante el proceso de discusión sobre la neutralidad, realizado entre 2011 y 2014, no existió consenso para alcanzar una definición unívoca sobre este principio como así tampoco en lo referido a su alcance, a las obligaciones y responsabilidades de las empresas prestadoras de servicios de internet y al organismo de control. De los primeros proyectos presentados –que eran una copia fiel de las normativas extranjeras (principalmente la ley chilena)– se avanzó hacia propuestas diseñadas a medida de las necesidades del mercado y el contexto local. Los debates parlamentarios se realizaron sin la participación de la ciudadanía, como si fue el caso de otras experiencias regionales. A pesar de la intensidad, el debate tuvo un corto impacto en la regulación que lo contempló. La ley “Argentina Digital” no marcó aspectos claros sobre los sujetos regulados por la norma ni existió mención a la gestión de tráfico tan debatida en los años previos. Tampoco se incluyeron obligaciones de información a los operadores del servicio para garantizar la transparencia. En definitiva, lejos de ser el puntapié inicial para la consagración del principio, “Argentina Digital” se convirtió en el punto más alto de la discusión y luego de ello se clausuró la relevancia del tema en la agenda pública.Network neutrality refers to the criterion on which the flow of contents on the Internet should be ordered, ensuring equal access for users, regardless of who produces them or the number of users accessing them. In this way, the principle is closely linked with a universal access to information and the right to freedom of expression. Although the Internet originated as a “neutral” network, there is a permanent tension between the old and new actors involved in the sector, who are fighting to defend their interests in a context of network regulation. This research resumed the debates in the legislative sphere that took place in Argentina regarding neutrality and the inclusion of this principle in national legislation. The temporary cutback was extended from 2011 to 2014, a prolific period in terms of discussion about neutrality. During those years, 14 legislative bills were submitted, which were processed by the Senate. Finally, in 2014, the telecommunications law No. 27.078, known as Argentina Digital [Digital Argentina], which embodied this principle in general terms, was enacted. The approach showed that during the discussion about neutrality carried out between 2011 and 2014 there was no consensus to reach either a univocal definition of this principle, or as regard its scope, the obligations and responsibilities of companies providing Internet services and the control body. As of the first legislative bills submitted –a faithful copy of foreign regulations, primarily from the Chilean law– there were proposals toward market needs and local context. The citizenry did not participate in the parliamentary debates, as was the case with other local experiences. Despite its intensity, the debate had a short impact on the regulation that contemplated it. The Argentina Digital law neither pointed out clear aspects on regulated subjects, nor mentioned the traffic management, largely debated during previous years. Information obligations toward the service’s operators to assure transparency were also neglected. Far from being the starting point for the consecration of the principle, Argentina Digital became crucial to the discussion, and after that the subject’s relevance on the public agenda was closed