Privación de la libertad en la jurisdicción especial indígena y derechos humanos

La promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 se desarrolló en un periodo histórico en el que las instituciones democráticas se encontraban enfrentadas a grandes problemas sociales, tales como narcotráfico, terrorismo, y diferentes luchas de poder; la desigualdad se tornaba aguda, y el incremento en casos de violaciones a los derechos humanos se presentaba al orden del día; en suma el panorama no resultaba nada alentador. Es así como surgiría la necesidad de un cambio en el ordenamiento constitucional, dotado de una herramienta para erradicar grandes desigualdades y el abuso del poder. Como respuesta a dicha crisis surgió la Asamblea Nacional Constituyente que concluyó con la promulgación de la nueva Constitución que a su vez, introdujo conceptos tales como pluralismo, igualdad entre asociados y justicia, los cuales permitieron entre otros el reconocimiento y posterior establecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia. Dicha Jurisdicción encarna nada menos que la representación de la multiculturalidad que se desarrolla en nuestro país con más de 104 pueblos indígenas junto con sus particularidades, diferentes cosmovisiones y creencias; que dan cuenta de una realidad social y cultural propia de nuestro entorno, y de los distintos sistemas jurídicos que coexisten en nuestro país. Así las cosas, la Carta Política fue más allá de una simple política de reconocimiento, toda vez que buscó salvaguardar la diversidad cultural encaminada al enriquecimiento de la identidad de la nación colombiana. La protección estatal de las culturas minoritarias representaría un elemento fundamental que impedirían su extinción, y garantizaría la preservación del carácter pluralista del Estado colombiano. Por tanto, el respeto a la Jurisdicción Especial Indígena tiene como fundamento y medida la necesidad de amparo de esta pluralidad cultural. En el desarrollo de dicho reconocimiento, se dotó a las comunidades indígenas de funciones jurisdiccionales; mediante las cuales cuentan con la posibilidad de implementar medidas correctivas a sus propios comuneros de conformidad con sus normas y procedimientos, dejando a su criterio el tipo de medida que consideren pertinente impartir. Una de dichas medidas consiste en la pena privativa de la libertad, la cual, pese a que para el derecho indígena propio no resultaba acorde con sus postulados de justicia restaurativa, se empezó a implementar al interior de los pueblos ancestrales desde el año 1999, cuando diversas comunidades indígenas optaron por remitir a los condenados en la modalidad denominada “guardados” o “patio prestado” quienes debían purgar su condena en establecimientos de reclusión propios de la justicia ordinaria y a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-