Reconfiguración de la frontera Norte de Santander-Táchira: ilegalidad, crimen organizado y corrupción

The border zones have been historically a place for commercial exchange and socio-cultural development between states; however, an incipient institutional development, centra­lized political powers and a lack of interest in the regional “periphery”, have left these places as gray and porous zones, which take advantage of the absence of a credible authority for ce­menting a whole series of illegal structures and, in some cases, for replacing States’ attributes like social control and justice administration. For the Colombian-Venezuelan border, speci­fically in the Santander-Tachira area, the last lustrum has seen a reconfiguration of both actors and illicit rents, generated mainly by the mutation and territorial reorganization of illegal armed structures that make presence in the Colombian territory and, in the Venezue­lan case, by a series of economic and political complexities that have fostered the crimina­lization of the States’ forces and their linkage with the monopoly of illegal markets.Históricamente, las zonas de frontera han sido espacios para el intercambio comercial y el desarrollo sociocultural entre Estados; sin embargo, un incipiente desarrollo institucio­nal, poderes políticos centralizados y el poco interés en la “periferia” regional, han dejado estos lugares como zonas grises y porosas, apro­vechadas por el crimen organizado y distintos grupos ilegales, los cuales se benefician de la ausencia de una autoridad creíble para cimen­tar estructuras dedicadas a la oferta ilegal y, en algunos casos, reemplazar atributos estatales como el control social y la administración de justicia. En la frontera colombo-venezolana, específicamente en el área de Norte de San­tander y Táchira, el último lustro ha visto una reconfiguración de los actores y las rentas ilíci­tas generada principalmente por la mutación y reorganización territorial de las estructuras armadas ilegales que hacen presencia en el te­rritorio colombiano y, en el caso venezolano, por una serie de complejidades económicas y políticas que han fomentado la criminalización de las fuerzas estatales y su vinculación con el monopolio del mercado ilegal