Análisis comparativo de la ley 80 de 1993 y la ley 1882 de 2018

Law 80 of 1993 is perhaps the most relevant starting point in public procurement, which although it has been the subject of numerous reforms, is still in force in the national legal order and many of its normative provisions are applied in the current legal processes. contracting with the objective of guiding public contract procedures and contributing to comply with the essential purposes of the State, but despite the fact that the legislator has tried to regulate the issue of public procurement, there are currently different investigations into acts of corruption in the state contracting that have been of national knowledge, in which it is evident that the contractual objects referring to the infrastructure are undoubtedly those that most frequently and concern contain irregularities in their contractual processes, therefore, Law 1882 of 2018 is incorporated into the national legal order, with the purpose of regulate public processes on infrastructure works, whose main objective is to ensure that this type of contracting is carried out transparently applying the new regulatory provisions in this regardLa ley 80 de 1993 es quizás el punto de partida de mayor relevancia en la contratación pública, que si bien ha sido objeto de numerosas reformas aun continua estando vigente en el ordenamiento jurídico nacional y muchas de sus disposiciones normativas se aplican en los actuales procesos de contratación con el objetivo de guiar los procedimientos contractuales públicos y contribuir a dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, pero a pesar de que el legislador ha pretendido regular el tema de la contratación pública, en la actualidad se registran diferentes investigaciones sobre actos de corrupción en la contratación estatal que han sido de conocimiento nacional, en los que se evidencia que los objetos contractuales referentes a la infraestructura son sin lugar a dudas los que con mayor frecuencia y preocupación contienen irregularidades en sus procesos contractuales, por ello, la Ley 1882 de 2018 se incorpora al ordenamiento jurídico nacional, con la finalidad de regular los procesos públicos sobre obras de infraestructura, cuyo principal objetivo es hacer que este tipo de contratación se lleve a cabo de forma transparente aplicando las nuevas disposiciones normativas al respecto