Las funciones del juzgador en relación con las pruebas en el Código Orgánico General del Ecuador

The 2008 Ecuadorian Constitution marks a remarkable transformation of the legal/procedural practice. As part of this change in 2015, the COGEP (Organic Code of General Processes) was put into effect, resulting from a long political-legal process of transition towards harmony between legal practice and constitutional statements.This code extended the trial hearings to cover all processes that were previously dispersed in different legal provisions about specific themes. It legally concentrated all the processes except for the constitutional, electoral and criminal proceedings.In the evidence field, the assessed evidence model was abandoned in favor of the judicial conviction model. In this case, the evidence evaluation process follows the broad criteria of utility, coherence and viability to formulate a conclusive judicial decision. This decision is made at first through oral resolution, and a few days later with ratified arguments. In this context, the judge is much closer to the material truth of the facts, and is able to execute a more effective search making an informed decision on the roles of the parties, including the possibility of requesting further evidence to better resolve the case according to article 168 of the COGEP.La Constitución ecuatoriana de 2008 implicó una profunda transformación de la práctica procesal; como parte de esa transformación en 2015 fue puesto en vigencia el COGEP (Código Orgánico General de Procesos), resultado de un largo proceso político-jurídico de transición hacia la armonía entre la práctica jurídica y los enunciados constitucionales. En él se extendió el juicio por audiencias a todos los procesos que estaban dispersos hasta el momento en diferentes disposiciones jurídicas sobre materias específicas, concentrando legalmente todos los procesos, excepto el proceso constitucional, electoral y penal.En materia probatoria, objetivo principal de esta investigación, se abandona definitivamente el paradigma de la prueba tasada y se avanza hacia el modelo de convicción judicial, donde la valoración de la prueba obedece a criterios amplios de utilidad, coherencia y conducencia para la formulación de la presunción judicial conclusiva, que se manifestará primeramente en una resolución oral, y pocos días después en una sentencia motivada. En este sentido, la jueza o juez está más próximo y con la capacidad de ejercer una búsqueda excepcional de ésta por su cuenta, realizando un motivado énfasis sobre los roles dispositivos de las partes usando para ello la posibilidad de decretar pruebas de oficio para resolver como está previsto en el artículo 168 del COGEP