No quiero para mi país el voto de los delincuentes

Este artículo recorta los argumentos desplegados en pro y en contra de la sanción, en 1933, de una ley de inhabilitación de electores, iniciativa que formó parte de una serie de reformas que el gobierno propuso como instancias de perfeccionamiento de las prácticas, de depuración del comicio y de fortalecimiento del gobierno representativo y la oposición denunció como intentos de legalización del fraude. El objetivo es dar cuenta –una vez más– de que la modificación de las leyes electorales, en tanto sistemas de reglas que posibilitan o constriñen las prácticas, son un producto de las relaciones de fuerzas, independientemente de los argumentos más o menos técnicos que se esgriman en cada caso y de que no pautan un camino ascendente de ampliación del cuerpo electoral que, con la incorporación de las mujeres y los habitantes de los territorios en los años del peronismo, reuniría a “casi todos”