Capítulo 12. La realidad del adulto mayor en la pospena

Por medio de una encuesta se genera un acercamiento a las Personas Privadas de la Libertad que pertenecen a la tercera edad en el establecimiento de reclusión del orden nacional Comeb. De esta se establecen una serie de necesidades que presentan las personas privadas de la libertad, en adelante ppl y por otra parte los alcances de las políticas públicas diseñadas para los adultos mayores y la dificultad de aquellos que ostentan la condición de pospenados para hacer exigibles los beneficios contemplados en los proyectos de gobierno del Distrito Capital.En esta investigación se evidencia la condición de pospenado y el grado de vulneración que el individuo enfrenta. Una vez purgada la condena se presentan efectos colaterales como: la sanción social, el estigma y el autoestigma al que debe enfrentarse el individuo que nuevamente hace parte de la sociedad. El Estado establece políticas públicas destinadas al cuidado de esta población, pero dichas iniciativas son de difícil acceso para los adultos mayores en condición de pospenados, ya que ellos no cuentan con el apoyo, direccionamiento y capacidad física para exigir sus derechos y acceder a los beneficios contemplados en la legislación nacional y territorial.By means of a survey, an approach is generated to the people deprived of liberty who belong to the third age in the establishment of national order Comeb. Series of needs presented by people deprived of freedom (ppl) are established by the survey, also, the scope of public policies designed for older adults and the difficulty of those who hold the status of ex-convict to require benefits outlined in the government projects of the capital district.In this research, the ex-convict condition and the level of vulnerability that the individual faces are evidenced. Once the sentence has been fulfilled, collateral effects are presented such as: the social sanction, the stigma and the self-stigma that a person who is part of society again, must face. The government establishes public policies aimed atcaring this population, but such initiatives are hardly accessible for older adults in ex-conviction status, because they don’t have the support, guide and physical capacity to demand their rights to access to the benefits contemplated in national and territorial legislation