Capítulo 10. Derechos humanos, diversidad sexual y cárcel. Aproximación al caso de las personas LGBTI privadas de libertad en Costa Rica

Las personas privadas de libertad se encuentran en una particular situación de vulnerabilidad porque el encierro condiciona el ejercicio pleno de aquellos derechos que no se restringen por la imposición de la pena. Así lo reconocen diversos instrumentos e instancias en el marco del Sistema Universal y del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, al reiterar la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas detenidas y desarrollar orientaciones mínimas para procurar su garantía. Existe, sin embargo, una brecha entre este marco normativo y la realidad de los sistemas penitenciarios de la región, ya que la mayoría enfrenta serios desafíos para propiciar condiciones de vida digna para las personas privadas de libertad. En este escenario, los entornos de reclusión son espacios aun más hostiles para ciertos sectores de la población, como las personas lgbti, quienes se ven expuestas a un riesgo mucho mayor de violencia y discriminación. Aunque no existe hasta la fecha una norma convencional que establezca disposiciones específicas sobre los derechos de las personas privadas de libertad en general, ni sobre las personas lgbti, las disposiciones vigentes en materia de derechos humanos ofrecen un marco claro sobre los estándares mínimos para la atención y protección de estas poblaciones en contextos de reclusión. Costa Rica constituye un caso relevante en la región en este sentido, en la medida en que ha impulsado acciones para visibilizar las necesidades particulares de atención y protección de estas poblaciones y ha adoptado disposiciones para remediar la vulneración a sus derechos fundamentales.People deprived of their liberty are in a particular situation of vulnerability, because the detention limits the full exercise of those rights that are not restricted by the punishment. This situation is recognized by various instruments and bodies within the framework of the Universal System and the Inter-American System for the Protection of Human Rights, which reaffirm the safeguarding of the fundamental rights of the detainees and develop guidelines to seek their guarantee. There is, however, a gap between this normative framework and the reality of the penitentiary systems of the region, since most face serious challenges to promote dignified living conditions for people deprived of their liberty. In this scenario, prison environments are even more hostile spaces for certain sectors of the population, such as the lgbti community, who are exposed to a much greater risk of violence and discrimination. Although there is no conventional law that establishes specific norms on the rights of persons deprived of their liberty in general, nor on lgbti people, the current provisions on human rights provide a fairly comprehensive framework on the minimum standards for care and protection of these populations in contexts of imprisonment. Costa Rica is a relevant case in the region in this sense, since their authorities promoted actions and iniciatives to make visible the particular needs of attention and protection of these populations and has adopted provisions to remedy the violation of their fundamental rights