DEROGACIÓN DEL ARTICULO 466 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL ESTADO

Como contraprestación a la oportunidad que nos es dada al llevar a cabo nuestros estudios de derecho, y no solo como el mero requisito que se exige para su correspondiente titulación, es que quienes cursamos en las aulas de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, nos vemos obligados a presentar un trabajo de tesis que aporte ideas encaminadas a la transformación de nuestro marco jurídico, precisamente porque el derecho es cambiante como la sociedad a la cual se dirige. En el universo de los procedimientos que determinan la aplicación material del derecho sustantivo, el penal reviste una trascendente importancia toda vez que es en éste donde el Estado, en ejercicio de la soberanía que le es conferida por mandato constitucional, decide respecto a una controversia puesta a consideración del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, a través del Ministerio Público que es a quien incumbe la procuración de justicia. Al respecto, debe decirse que en oportuno interés que la ley tiene de que las sanciones que en materia represiva se impongan a los sujetos por la comisión de un delito sean estrictamente apegadas al marco legal, dado que con ello se priva al condenado del mas alto bien jurídico tutelado por nuestro sistema normativo, que viene a ser la libertad, el recurso de apelación que se interpone en contra de dichas determinaciones nos merece una atención privilegiada. Siendo el recurso de apelación ese medio con que cuenta quien fuera procesado por cualquier hecho ilícito, como lo analizaremos en forma concienzuda en el presente trabajo, un procedimiento posterior al que se lleva a cabo para acreditar si dicha acción constituye o no delito, o bien si aquel a quien se atribuye el mismo es penalmente responsable, tiene una naturaleza eminentemente revisora, en donde un superior jerárquico del Juez que tuvo conocimiento del mismo ha de determinar si la sentencia en cuestión fue apegada a derecho. 4 Por ello es que estimamos oportuno analizar las características propias del procedimiento que se lleva a cabo en la segunda instancia para así estar en condiciones de afirmar que las pruebas que eventualmente pudieran desahogarse en la misma atentan contra el espíritu de la alzada, excepto de aquellas que tienen por objeto conceder algún beneficio al reo; afirmamos lo anterior dado que las especificaciones que al respecto prevé la ley de la materia parecen conceder al tribunal de apelación un medio en donde le es dable a alguna de las partes volver a discutir un asunto que debió ser probado en el juicio de donde emana, pudiendo dejar con ella en estado de indefensión o inequidad no solo al inculpado, sino a la Representación Social en atención a las consideraciones que verteremos de manera detallada