Retractación del Inculpado en su Declaración Preparatoria, Dentro del Proceso Penal.

En la presente investigación, inicialmente se realizará un minucioso estudio de lo que es el Derecho en general, entendido como el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia; se hará también una clara división entre el derecho objetivo y subjetivo, para poder clasificar así al derecho en Público, Privado y Social, delimitándonos entonces al estudio del derecho Penal en sus conceptos de delito y delincuente, definiendo al derecho penal como el conjunto de normas jurídicas que fijan el poder sancionador y coactivo del Estado, que determinan a los delitos como presupuesto y a las penas como su consecuencia jurídica; el delito es definido como una conducta típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley; y el delincuente es el sujeto activo, que con intención dolorosa, hace lo que la ley ordinaria prohíbe u omite lo en ella mandado, siempre que tales acción u omisión se encuentren penadas en la ley. Después de desarrollar el marco conceptual, se analizará a la institución del Ministerio Público, partiendo de su concepto, tocando sus antecedentes históricos, concluyendo con sus funciones y atribuciones; enseguida se estudiará al Derecho Procesal Penal, en cuanto a su concepto, antecedentes, y diferentes etapas procesales; posteriormente, se analizará de manera clínica jurídica y sustentada el grave problema que emana del obsoleto sistema judicial que en nuestro país impera, en cuanto a la retractación del inculpado en su declaración preparatoria, así mismo por la inobservancia, consecuencia de ese vacío en la ley, por no señalar de manera específica, los “requisitos” o motivos con que se debe fundamentar la retractación, dado es el caso que tampoco se sostiene de manera real bajo que lineamientos se debe llevar a cabo una detención (porque no se realiza conforme a la letra de la ley), consignación y resolución que decrete la situación jurídica de un inculpado, y obviamente por falta de aplicación correcta de la ley penal. De lograrse los objetivos que se proponen en el presente, se generaría un doble beneficio: erradicar la impunidad en su doble aspecto, por no castigar a los infractores de la ley y, a costa de ello, en ocasiones castigar a inocentes; esto representa un gran reto para el mejor desarrollo del derecho procesal penal, pues se tendrían que redoblar esfuerzos y hacer un excelente reparto del trabajo, que ya de por sí es difícil, pero no imposible, si se quiere, se propone y se pone en práctic