ADICIÓN DEL ARTÍCULO 153 BIS A LA LEY DE AMPARO

Es indudable la supremacía que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ostenta respecto de las normas legales ordinarias, pues, precisamente dicha circunstancia deriva de que éstas deben emanar de aquella, en un aspecto o, no contradecirla por otro. Luego, si las reglas de mayor trascendencia que norman el juicio de amparo se encuentran previstas en los artículos 103 y 107 constitucionales, deviene incuestionable su importancia, si además se toma en cuenta que en el orden jurídico mexicano, es el instrumento jurídico que permite a los gobernados intervenir directamente en el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad que vulnere sus garantías individuales. Ahora bien, dentro de todo procedimiento jurisdiccional, el juzgador debe resolver la controversia que se le plantea atendiendo a los elementos de prueba que al efecto se hayan aportado durante la secuela procesal. Pues bien, el juicio de amparo no se sustrae de dicha circunstancia, por el contrario, considero que si se trata de la última decisión que habrá de asumirse en torno a una controversia jurídica, es en donde, con mayor razón debe ajustarse a la verdad formal derivada de las pruebas aportadas, sin olvidar, por supuesto, que se hace alusión al indirecto. 4 Es por ello que a lo largo del presente estudio, expondré brevemente la forma en que se encuentra regulado el procedimiento probatorio en el juicio de garantías, aludiendo a cada uno de los elementos de prueba que pueden ser aportados, haciendo énfasis en lo tocante a la prueba testimonial. Así, al analizar la referida probanza se advierte que, dada su naturaleza intrínseca, la prueba testimonial es de suma importancia en materia de amparo, no sólo en aquellos casos en use ventilan puntos substanciales jurídicos, que estén excentos de comprobabilidad, sino también para probar los datos o elementos meramente materiales de un hecho en que se implique el acto reclamado. De esta forma, encontramos que no obstante la resaltada importancia de la probanza en cuestión, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no prevé disposición alguna, que permita a las partes, en su caso, poner en duda el dicho de un testigo, estos es, lo que se conoce jurídicamente como “tachar”; sin embargo, sí establece un procedimiento para objetar un documento que, desde luego, no es que tenga mayor o menor valor probatorio, sino que al igual que el testimonio de una persona, en múltiples ocasiones constituyen la materia idónea sobre la que descansa una resolución. 5 En tales condiciones, me propongo elaborar a lo largo de este trabajo, una regulación para tachar testigos que, por supuesto, esté acorde con el capítulo relativo a los incidentes en la Ley de Amparo y, de esta manera, obtener una prueba más eficaz, para alcanzar la finalidad primordial en toda controversia, esto es, conocer la verdad de los hechos y con base en ello emitir resoluciones en justicia