LA VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA EN EL JUICIO DE AMPARO

En el presente trabajo de investigación, abordamos en primer término el origen y significado de la palabra garantía, misma que proviene del vocablo anglosajón wrranty o warantíe que significa la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar, siendo las garantías individuales los derechos, facultades reconocidas a favor del inviduo en la Constitución, oponibles al Estado y sus autoridades, así como la forma en que se clasifican y los derechos en particular que tutelan cada una de ellas, que son la igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica, obligando ésta en particular mediante las subgarantías de irretroactividad de la ley, de audiencia, exacta aplicación de la ley penal, de legalidad, a todas las autoridades del Estado Mexicano ya federales, estatales o municipales a que sus actos estén apegados al texto constitucional. La inconstitucionalidad deriva desde luego de la inobservancia, por parte de las autoridades de los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna a favor del gobernado, que no pueden ser restringirse ni suspenderse por ningún otro poder que no sea el Ejecutivo Federal con aprobación del Legislativo, de acuerdo al análisis comparativo llevado acabo de los artículos 1° y 29 de la Ley Suprema. El criterio jurídico de la violación de las garantías individuales, tiene su sustento en el hecho de que las autoridades cuando dictan sus resoluciones dejan de observar los postulados fundamentales, haciendo procedente la acción de amparo; ahora bien, para que todo acto de autoridad se jacte de constitucional, debe reunir forzosamente con los requisitos y condiciones que exige la propia norma Constitucional para cada acto en particular, siempre y cuando no se encuentren suspendidas o restringidas las garantías individuales como lo dejamos asentado en linias anteriores. Asimismo cuando sea la propia autoridad de amparo la que cometa un acto en contravención de la Ley Suprema o de la Ley de Amparo, deberá integrárseles el procedimiento administrativo que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial en su Titulo Octavo, apartado que adolece de múltiples incongruencias que hacemos notar al momento de abordar su estudio. De manera general el amparo lo definimos como aquella institución jurídica federal, establecida por el Estado Mexicano en su Constitución y ley reglamentaria, para defensa de las violaciones de las garantías individuales del gobernado por las autoridades federales, estatales, judiciales y administrativas o municipales administrativas. Definición que encaja perfectamente en los tres tipos amparos: indirecto, directo y contra leyes, cuyo estudio abordamos en el presente trabajo una vez analizados los principios rectores que los rigen porque de su observancia se 5obtiene en gran medida la admisión de la demanda de amparo y la protección de la justicia federal, analizando primeramente los términos con que cuenta el gobernado para interponerlos, las partes que intervienen en ellos y los derechos que tienen cada una y los requisitos que deben de cumplir para figurar como tales, así como los actos contra los que proceden cada uno en forma especifica, las excepciones constitucionales y legales de improcedencia del juicio de amparo que derivan de las propias hipótesis que contempla la Constitución y la Ley de Amparo, las autoridades competentes para conocerlos, sus requisitos de procedibilidad, su substanciación, la materia de estudio y los diferentes tipos de resoluciones y sentencias que se pueden pronunciar. Los Tribunales Federales del Poder Judicial de la Federación, tienen la obligación constitucional de fundar y motivar sus resoluciones y las sentencias en el amparo, no obstante que haya sido a ellos a quines se les otorgo el derecho de velar por la supremacía constitucional, de no acatar dicha disposición constitucional pueden ser merecedores a las responsabilidades administrativas y penales que establece la propia ley de amparo y orgánica, mismas que en nuestro concepto no cumplen a cabalidad con el significado real de las palabras administrativas y penales, además de que al indemnización a que tiene derecho el quejoso una vez entablado el procedimientos administrativos adolece a nuestro de irregularidades. Paro lograr tales fines las propuestas que hacemos en este trabajo de tesis, estriban en reformar una serie de dispositivos de leyes judiciales y administrativas, que estimamos no permite un justo y adecuado desarrollo de los procedimientos judiciales y administrativos existentes en contra del Estado como ente de gobierno y de los funcionarios judiciales de los Tribunales de la Federación, que lejos de velar por la observancia de las garantías individuales del gobernado en el juicio de amparo, se las violenta al no fundar y motivar sus resoluciones dejando de acatar los principios constitucionales plasmados en la fracción III del artículo 109 constitucional