LA ACCIÓN PENAL Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN MÉXICO

Hasta donde alcanza nuestra memoria, siempre hemos oído hablar de crisis de la justicia y, consiguientemente de una serie de medidas para lograr superarla. A la afirmación general de ser la justicia lenta y cara, se contraponen deseos y realidades tendientes a hacerla más eficaz y accesible; violando así la garantía constitucional de una justicia pronta, expedita y gratuita. Para ello se concretan y proponen una serie de acciones, cuya eficacia por otra parte ha sido casi nula, puesto que se sigue hablando de crisis de la justicia, que se pueden resumir en tres: 1. Reformas orgánicas, de manera que existan más órganos jurisdiccionales con mejor reparo territorial, con competencias objetivas y funcionales más racionalmente establecidas, y por ende de más jueces y más fiscales queriéndose sin duda también que estén mejor preparados. 2. Reformas procedimentales, eliminando procesos inútiles, simplificando los que se dejan en vigor, facilitando trámites, acortando plazos y suprimiendo formalismos innecesarios. 3. Reformas concretas de instituciones clave del procedimiento que, preferiblemente acompañando a las anteriores y generalmente aplicando principios procesales consagrados en las normas fundamentales, que contribuyan al principio máximo de una justicia pronta y expedita, que tiene en algunos países reconocimiento constitucional, como lo es el principio de oportunidad penal, el cual consiste en prescindir por parte del Ministerio Público, de la acusación penal en delitos de poca lesividad, tomando en cuenta a la víctima u ofendido de éste. II Pues bien, con motivo del presente trabajo propositivo, se propone la implementación del principio de oportunidad en el procedimiento penal michoacano; analizando desde luego la forma de comprensión del Ministerio Público, sus funciones, atribuciones, etc.; visualizando nuestra legislación positiva a este respecto; pretendiendo realizar además un estudio de derecho comparado entre lo que representa este principio en Alemania y en consecuencia que pudiera representar en nuestro país. Bajo esa tesitura, se pretende analizar este principio de oportunidad penal, operatividad y consecuencias, así como los posibles casos en que se pueda prescindir de la acusación penal, restando con ello fuerza al ius puniendi, pero más que ello, otorgando la oportunidad a las personas que por alguna circunstancia extraordinaria o ajena se ven inmiscuidas en un problema de naturaleza penal, sobre todo en delitos considerados no graves, y con ello permitir con visión de la política criminal, que verdaderamente sean punibles conductas con alto grado de lesividad y no conductas menores, que al intervenir el Estado las hace graves, con las repercusiones de toda índole que ello implica. Es por ello que el presente trabajo, nos lleva a reflexionar y pensar que es posible otorgar la oportunidad a las personas que se ven inmiscuidas en un asunto de índole penal, con determinados requisitos y en determinados supuestos legales –delitos no graves entre otros- que impongan la posibilidad de su otorgamiento por parte del Ministerio Público a través del acuerdo de archivo, y que por el otro faciliten una mejor forma de convivencia gregaria, en beneficio incluso del propio Estado; en el entendido de que el Estado debe de servir al hombre y no servirse de éste. III De esta forma, y como lo referimos en líneas anteriores, si existe en otros países el principio de oportunidad penal, ¿porque no introducirle al procedimiento penal mexicano? –desde luego a la legislación doméstica-, con las consecuencias favorables que traería consigo, sin que implique afectación a la institución del Ministerio Público; virtud de que actualmente y conforme al derecho positivo vigente, no es posible obsequiar esta oportunidad a persona alguna, a menos que se trate de una cuestión más de índole política que jurídica. Por tanto se analizarán las diferentes características que tiene el Ministerio Público, sus atribuciones legales en la actualidad; se realizará un breve estudio de derecho comparado con la República Federal Alemana sobre el particular; y, en consecuencia, se propondrá la posible incursión de este principio en el derecho positivo michoacano, velando por normas más humanas y en corolario, por un Estado social y democrático de derecho