EL ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN MATERIA ELECTORAL EN EL ÁMBITO LOCAL

La presente investigación se desarrolla por la poca preocupación que existe en nuestra entidad, sobre la realización de estudios sistemáticos sobre el Derecho Electoral, en una opinión muy personal, esto se debe de manera primordial a que la materia no forma parte del currículum académico obligatorio en la licenciatura en Derecho, en donde aparece como materia optativa, y menos aún en otras licenciaturas afines como Ciencias Políticas, Ciencias Sociales o Administración Pública. Con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral en 1986, se incrementa más el conocimiento sobre la materia electoral, ya que se obliga a un tratamiento más amplio sobre algunos temas en específico como puede ser el caso del sistema de medios de impugnación y la justicia electoral, así mismo se incrementa en forma notable y explicable con la desaparición de los colegios electorales de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esta necesidad imperiosa por conocer más cada día acerca de los alcances del Derecho Electoral, llevó como consecuencia a la creación en 1996, de las reformas constitucionales, en donde principalmente entre muchos aspectos se trato sobre la acción de inconstitucionalidad en materia electoral y del Juicio de Revisión Electoral. En los últimos tiempos el impulso a la actividad jurisdiccional se ha visto privilegiada en las reformas electorales federales y estatales; bajo esta óptica se hace necesario el análisis de los elementos con que los actores electorales cuentan para acudir ante los órganos encargados de administrar justicia y demostrar sus pretensiones o excepciones, según sea el caso. 1 La evolución de los medios de convicción en materia electoral ha sido lenta por la materia que se pretende probar, en razón de que se traslado la política al derecho y no a la inversa, por lo que es poco común que haya la costumbre, como en otras ramas, de cumplir con la máxima, “el que afirma está obligado a probar”. Así, la practica a demostrado que la mayoría de los asuntos competencia de los diversos tribunales electorales, ha sido deficiente en este rubro, por lo que se hace necesaria la concientización de los juristas por actualizarse y capacitar a los actores políticos, a efecto de que se cuente con los elementos necesarios para acudir con éxito ante los órganos jurisdiccionales, ya que los actores que participan dentro de los procesos electorales buscan la verdad en un marco de política. Pero una responsabilidad de los juristas ante estas grandes necesidades es como ya se ha dicho en diversos foros sobre la materia, el objetivo no es politizar el derecho sino juridizar la política. Así, tenemos por Derecho Electoral, a todo un conjunto de normas que tratan de regular los mecanismos a través de los cuales los actores políticos pueden acceder al poder, por tanto en nuestro país debe de hacerse conforme a los lineamientos constitucionales y legales establecidos, para efectos de que sea legal y legítimo. El interés relevante del tema, deriva de su función teórica y práctica que lo convierten en un quehacer indispensable dentro del proceso, ya del típico jurisdiccional o ya de otras heterocomposiciones, como las que se realizan en el área administrativa. Ante los hechos controvertidos, que al lado de los dudosos configuran la regla genérica de la materia probatoria, el juzgador se halla frente a la afirmación de una parte y, por otra, ante la negación de la contraparte, dicho en otro giro, ante la discusión de un hecho: es necesario proporcionarle al juzgador, el medio o indicarle la vía para resolver la discusión, o sea para fijar en la sentencia el hecho no fijado por las partes. 2 Tomando en consideración lo aseverado por algunos estudiosos del Derecho Procesal, como Carnelutti, quien decía que “la prueba es el medio esencial del juicio”, su función absorbente en el proceso es unánimemente destacada; Von Tevenar, que afirmaba con energía que “en el proceso todo depende de la prueba”; Hoffmann, que no vacilaba en considerar la teoría de la prueba como “la parte más importante de un Código Procesal”.1 Así mismo, el nunca suficientemente recordado Eduardo Pallares, estudiaba la doctrina de la prueba y afirmaba que la prueba es un elemento esencial del juicio, porque en él es necesario demostrar, por una parte, la existencia de los hechos en que los litigantes fundan sus pretensiones, y por otra, la verdad de las afirmaciones y razonamientos formulados en ellas.2 Por todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo de investigación, es enmarcar de manera clara y específica cuál es el alcance en la actualidad de las pruebas en la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y saber, si las pruebas que se regulan en la materia son las adecuadas a las necesidades que en el presente se requieren para resolver conforme a derecho y la verdad histórica, cada uno de los medios de impugnación que la legislación electoral permite, al mismo tiempo y dentro de dicha tesitura, saber si la regulación en cuanto al ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración de dichos medios de convicción, son los más idóneos y eficientes dentro de lo que requieren tanto los actores políticos como los juzgadores para llegar a la verdad jurídica de las controversias jurídico-electorales