LA ACCIÓN PENAL Y EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN MÉXICO

Hasta donde alcanza nuestra memoria, siempre hemos oído hablar de crisis de la justicia y, consiguientemente de una serie de medidas para lograr superarla. A la afirmación general de ser la justicia lenta y cara, se contraponen deseos y realidades tendientes a hacerla más eficaz y accesible; violando así la garantía constitucional de una justicia pronta, expedita y gratuita. Para ello se concretan y proponen una serie de acciones, cuya eficacia por otra parte ha sido casi nula, puesto que se sigue hablando de crisis de la justicia, que se pueden resumir en tres: 1. Reformas orgánicas, de manera que existan más órganos jurisdiccionales con mejor reparo territorial, con competencias objetivas y funcionales más racionalmente establecidas, y por ende de más jueces y más fiscales queriéndose sin duda también que estén mejor preparados. 2. Reformas procedimentales, eliminando procesos inútiles, simplificando los que se dejan en vigor, facilitando trámites, acortando plazos y suprimiendo formalismos innecesarios. 3. Reformas concretas de instituciones clave del procedimiento que, preferiblemente acompañando a las anteriores y generalmente aplicando principios procesales consagrados en las normas fundamentales, que contribuyan al principio máximo de una justicia pronta y expedita, que tiene en algunos países reconocimiento constitucional, como lo es el principio de oportunidad penal, el cual consiste en prescindir por parte del Ministerio Público, de la acusación penal en delitos de poca lesividad, tomando en cuenta a la víctima u ofendido de éste