EL EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL

INTRODUCCIÓN El tema que se desarrolla en la presente tesis surgió de la necesidad de establecer mecanismos que permitan facilitar y dar una mayor intervención al proceso penal a los ofendidos o víctimas del delito, quienes en la práctica son totalmente relegados por la autoridad persecutora de los delitos, en detrimento de los intereses personales de corte patrimonial y punitivo que se originan por la comisión del hecho ilícito penal. Siendo la acción el medio procesal por antonomasia para solicitar la cooperación de los tribunales a fin de que intervengan en el esclarecimiento de controversias y la impartición de justicia, su análisis y estudio resulta imprescindible como preámbulo para crear nuevos derroteros que agilicen los juicios penales y garanticen no solo la conservación y el restablecimiento del orden social, sino que hagan efectivo el genuino y legitimo interés del afectado en la comisión de un delito, con la finalidad de que el castigo sea impuesto, y la reparación del daño sea recibida eficazmente y con prontitud. El desafortunado trato que se le da a las victimas del delito pese a las insistentes reformas constitucionales que pretenden reivindicarlo como una figura de importancia en el proceso penal, no han sido suficientes para colmar la sed social de justicia en materia penal, sino que muy por el contrario, la conciencia social se enfila a la cultura del silencio, donde una gran cifra negra creciente, desalienta la denuncia en quienes han sido objeto de un hecho delictivo. A ello se le une la franca desnaturalización que de la acción ha venido haciendo su custodio; el Ministerio Público, al dejar de ser una verdadera autoridad investigadora y persecutora de los delitos para pasar a ser únicamente un órgano integrador (por no decir “maquilador”) y consignador de averiguaciones previas, definiendo el ejercicio de la acción pública bajo juicios de discrecionalidad que muchas veces disfrazan una situación de corruptela e ineficiencia, traicionando la idea original del legislador, quien al crearlo, ideó un representante de los intereses sociales implacable, pero también objetivo, que solicitara la extensión del brazo punitivo del Estado, no sobre aquel que por razones poco claras se declare culpable, sino sobre ese en quién pesa realmente la responsabilidad por el hecho delictivo. I El monopolio en el ejercicio de la acción penal heredada por los tribunales al Ministerio Público, lejos de ser un poder que lo obligue e inspire a cumplir la función social encomendada por el Estado, ha resultado una facultad plenipotenciaria para justificar un comportamiento arbitrario, déspota y en el mejor de los casos insuficiente para dar un combate certero, no ya a la delincuencia, sino a la impunidad, mal que agrava y deteriora el sosiego y la seguridad de los ciudadanos. A la falta de una actividad persecutoria de calidad, con verdadera orientación humanista y social se le suma la imposibilidad de los ofendidos para oponer recursos legales ante el criterio algunas veces errado, y en otras ocasiones negligente, por parte de las autoridades judiciales al resolver sobre los elementos constitutivos del delito, la responsabilidad del imputado, y en consecuencia la reparación del daño durante el desenvolvimiento del proceso penal. Las mencionadas decisiones judiciales casi siempre terminan por poner en libertad al acusado produciendo su consecuente hégira (al saberse culpable del delito por el que se le juzgaba) y generando un estado de indefensión al afectado patrimonial del delito, quien ante una primera decepción y segunda violación a sus derechos, termina por invadirlo la frustración al acudir en la vía civil o de amparo, y ver totalmente anulada la posibilidad de obtener la reparación del daño por encontrarse sujeta a una decisión judicial de fondo sobre el delito en materia penal que nunca llegará, o en razón de que por una regulación e interpretación viciosa de la reparación del daño elevada a la categoría de sanción pública, se hace imposible plantear un recurso de inconformidad por haberse sustraído de su patrimonio personal dicho derecho eminentemente civil, para depositarlo en las manos del indolente representante social, quien tampoco tiene oportunidad de oponer recursos en materia de amparo en virtud de que representa garantías sociales no juzgables a través de este juicio. Esta problemática puede resolverse fácilmente a través de la instauración de la acción procesal penal privada para aquellos delitos donde el interés jurídico tutelado sea predominantemente privado, y no lesione grave y determinantemente el interés social, lo que permitirá romper con el mito de que la acción penal debe monopolizarse por el Ministerio Público, reivindicando nuevamente al ofendido por el delito en la posición jurídica que le corresponde tras sufrir directamente las consecuencias del acto delictivo