DISCRIMINACIÓN A LA MUJER POR OMISIÓN LEGISLATIVA.

El conocimiento de los Derechos Humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de los atributos (derechos) de la persona ante el Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano y no puede ser empleado lícitamente para ofender, agredir o violar los derechos inherentes a la persona, al contrario, debe ser el vehículo para que la misma, pueda vivir en sociedad en condiciones acordes a la dignidad de ésta. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos fundamentales, frente al Estado, derechos que éste, tiene la obligación de garantizar y respetar, o bien está llamado a organizar su acción, a fin de satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer, son los que hoy conocemos como Derechos Humanos. Por lo que el reconocimiento de los Derechos Humanos y su eficaz y efectiva tutela, es la premisa básica del Estado constitucional democrático actual, aunque en nuestro país, tal y como señala José Luis Caballero,1 ha habido un tratamiento reductivo de las garantías, a conveniencia del aparato gobernante, sin que haya una verdadera responsabilidad en la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, que incluyan a las violaciones por omisión