Naturaleza especial de la perención prevista en ley sobre procedimiento de casación

Roberto Rizik Cabral: Abogado dominicano, egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), casa de estudios en la que también se ha desempeñado como catedrático de la asignatura denominada “Garantías”. En su ejercicio profesional se ha concentrado en las áreas de banca, finanzas internacionales, seguros, fusiones y adquisiciones, ejecución de contratos, inversión extranjera, arbitraje, solución de conflictos y derecho corporativo en general. Ha sido coautor de los capítulos correspondientes a República Dominicana en guías legales internacionales. Perteneció a la comisión presidencial encargada de la redacción del Código de Comercio dominicano.El presente es un análisis de la perención (o extinción de las causas) en materia de derecho común y en casación. Como hace ver el autor, en estos dos ámbitos dicha institución jurídica presenta diferencias fundamentales. Así, en derecho común, el plazo para la misma (en principio 3 años) comienza a correr a partir del último acto válido de procedimiento ejecutado por cualquiera de las partes; mientras que, en casación, el referido plazo de tres años empieza a contabilizarse a partir de sendos actos específicos enunciados por la ley: o a partir de la fecha del auto que autoriza al recurrente a emplazar, siempre que este no deposite dicho emplazamiento en la Secretaría del tribunal o que el recurrido no solicite la exclusión del recurrente, o a partir de la expiración del plazo de 15 días que se le otorga al recurrido para que constituya abogado y notifique su memorial de defensa, siempre que el recurrente no solicite la declaratoria de defecto o la exclusión del recurrido. Como consecuencia de esta diferencia fundamental, en derecho común cualquier nuevo acto realizado por cualquiera de las partes hace que se inicie de nuevo el plazo para la perención, lo que no sucede en casación. Además, mientras en derecho común el referido recurso debe ser expresamente solicitado por una de las partes, en casación se da de pleno derecho y puede ser declarado de oficio por el propio tribunal