La rescisión de las garantías

Las empresas tienen su fuente de crédito en los elementos objetivo-patrimoniales que integran el patrimonio de la organización empresarial. Normalmente, se produce un desfase entre el volumen y el importe de la actividad que desarrollan y las necesidades de crédito que conlleva y los elementos patrimoniales que aseguran el cumplimiento de las obligaciones. Las necesidades de crédito para el desarrollo de la actividad empresarial ordinariamente son superiores a las garantías patrimoniales que se pueden emplear para la cobertura del cumplimiento de los compromisos que se asumen1. En los momentos en los que una empresa atraviesa una situación de dificultades económicas, se suele producir un encarecimiento del crédito, unido a una exigencia injustificada o abusiva de garantías. Asimismo, las contrapartes de los empresarios suelen exigir el otorgamiento de garantías para mantener las relaciones que resultan necesarias para la continuidad de la actividad empresarial. Por todo ello, cuando se declara el concurso, ordinariamente, los elementos patrimoniales del activo libres de cargas se pueden haber reducido considerablemente y haberse incrementado la insuficiencia patrimonial para la satisfacción colectiva de los acreedores no garantizados. En consideración a los problemas que se plantean en este tipo de situaciones, en el Derecho tradicional de quiebras, se tipificaban una serie de supuestos para facilitar la rescisión de las garantías constituidas en el periodo anterior a declaración de la quiebra. Con esta clase de medidas se pretendía dejar sin efecto frente al concurso el otorgamiento de aquellas garantías que se hubieran constituido de forma abusiva. Ahora bien, esto suponía una restricción para acceder al crédito y para lograr el mantenimiento de las relaciones, lo que aumentaba las dificultades para continuar la actividad y evitar la quiebra. Las acciones rescisorias constituyen una medida que plantea una tensión ineludible con el principio de seguridad jurídica. De ahí, la necesidad de que los supuestos de hecho que determinan que se pueda proceder a la rescisión, deban estar plenamente justificados y claramente definidos, desde la perspectiva de los fines de la ordenación del concurso. A este respecto, en el tratamiento de la rescisión de las garantías constituidas antes de la declaración del concurso y, en general, de las refinanciaciones y de los acuerdos alcanzados en situaciones de dificultades económicas resulta necesario lograr un difícil equilibrio para facilitar la realización de aquellos actos que sean adecuados para hacer posible la continuidad de la empresa y, al mismo tiempo, para que puedan quedar sin efecto los actos abusivos y los que supongan una disminución injustificada del patrimonio del concursado. La aprobación de la Ley Concursal en 2003 supuso llevar a buen término el proceso de reforma de la normativa concursal, lo que significó una mejora y la superación, en buena medida, del centenario Derecho de quiebras vigente en el Código de Comercio. Una de las modificaciones más importantes que introduce la Ley Concursal es la derogación del régimen de retroacción y de las acciones rescisorias especiales previsto en los artículos 878 a 882 del Código de Comercio. La retroacción determinaba, conforme al tenor literal, la nulidad de todos aquellos actos realizados desde la fecha a la que se retrotraían los efectos de la declaración de la quiebra. A su vez, el rigor en la configuración de la retroacción impedía o dejaba sin efectividad la aplicación de las acciones rescisorias especiales. La Ley Concursal española opta por la técnica de la rescisión como instrumento de reintegración. La configuración normativa de la acción rescisoria pretende objetivar en lo posible el ejercicio de la acción, y, con esta finalidad, se exige como únicos presupuestos que el acto resulte perjudicial y que se realice en los dos años anteriores a la declaración de concurso. En este sentido, no tiene en cuenta la buena fe de la contraparte ni la situación de insolvencia del deudor en el momento de realizar el acto. En materia de efectos, el legislador prevé las consecuencias de la rescisión tan solo respecto de los contratos, pero no respecto de los actos unilaterales, tales como los pagos, ni tampoco da un tratamiento específico a las relaciones accesorias como la constitución de garantías. La calificación del crédito que surge a favor de la contraparte se califica en todo caso como crédito contra la masa, salvo que se aprecie mala fe, en cuyo caso el crédito se considera como subordinado. En el caso de los pagos y de las garantías, el crédito cuyo pago se rescinde o respecto del que se rescinde la garantía, tiene la calificación que corresponda en el concurso, ya que este crédito, como tal, no se ve afectado por la rescisión. La indeterminación y la equívoca delimitación normativa del concepto de perjuicio, la irrelevancia del elemento subjetivo de la buena fe y el inapropiado tratamiento de los efectos ponen de manifiesto que no se ha producido la ruptura completa deseada con respecto al anterior régimen de retroacción del Código de Comercio en consideración a la naturaleza rescisoria de las acciones de reintegración. En este sentido, la influencia o la vinculación del Código de Comercio en la configuración de la acción rescisoria en la Ley Concursal es mayor de lo que podría parecer. Ello plantea un problema estructural y también un problema funcional. Un problema estructural porque la configuración de la acción rescisoria no se ha realizado conforme a la estructura técnica más adecuada de la rescisión desde un punto de vista teórico-jurídico. Ello supone, a su vez, un problema funcional porque, el hecho de que la acción no este correctamente configurada, dificulta su aplicación en relación con las operaciones económicas de intercambio, pues la rescisión determina la obligación de satisfacer el crédito frente a la contraparte de forma inmediata como deuda de la masa. Estas deficiencias inciden especialmente respecto de las garantías y los pagos. La manera en que está configurada la acción rescisoria en Derecho español conduce a que la posibilidad de que se plantee el ejercicio de la misma se incremente en relación con aquellos actos de disposición que consistan en la realización de pagos y en el otorgamiento de garantías, pues en estos casos se produce como consecuencia de la rescisión un incremento de la masa activa por efecto de la reintegración. La configuración de la acción rescisoria afecta de forma particularmente relevante a las refinanciaciones, ya que esta clase de operaciones implican normalmente el pago de obligaciones no vencidas y el otorgamiento de nuevas garantías. Por otro lado, la regulación de la acción rescisoria, al igual que la Ley Concursal, se dirige a lograr los fines tradicionales del Derecho de quiebras, esto es, la liquidación del patrimonio del concursado para la satisfacción colectiva de los acreedores. La referencia a la continuidad de la actividad del deudor que se hace en la Exposición de motivos de la Ley no se materializa de manera efectiva en el régimen que se establece. En materia rescisoria, no se establecían excepciones a la rescisión para facilitar acuerdos que puedan favorecer la solución de las dificultades económicas cuando una empresa todavía no es insolvente. A raíz de la crisis económica iniciada en 2008, se hicieron patentes las deficiencias señaladas en el tratamiento de la reintegración. Por un lado, suponía un obstáculo para llevar a cabo refinanciaciones para hacer posible la continuidad de las empresas solventes pero excesivamente endeudadas y, por otro, una vez declarado el concurso, la acción rescisoria resultaba poco efectiva por la consideración del crédito de la contraparte como deuda de la masa. La gravedad y la importancia sistémica de la crisis, en especial, en el sector financiero, han llevado a adoptar medidas urgentes y a establecer una regulación en el que los acuerdos de refinanciación que cumplan con los requisitos exigidos no puedan ser objeto de rescisión. Los problemas indicados en relación con la Ley Concursal y sus sucesivas reformas justifican el estudio de los ordenamientos de Derecho comparado. Por un lado, se analiza el Derecho italiano, que es el que presenta mayores similitudes con el Derecho español, que contiene un régimen rescisorio contrastado y que, a su vez, presenta una problemática que hasta cierto punto se asemeja a la que se encuentra en nuestro ordenamiento en la medida en que se ha configurado la acción rescisoria desde la perspectiva de los fines tradicionales del Derecho de quiebras. Por ello, el estudio del Derecho italiano se realiza de manera bastante pormenorizada para analizar las similitudes y el contraste con el Derecho español. Por otro lado, se hace un estudio del Derecho norteamericano. El interés de este ordenamiento consiste fundamentalmente en que el tratamiento de la rescisión no se hace desde los fines tradicionales del Derecho de quiebras, sino desde la perspectiva de la reestructuración de la empresa como forma de resolver las situaciones de dificultades económicas y los supuestos de insolvencia. Una vez expuesto el Derecho comparado, se analiza en detalle el Derecho español. En primer lugar, se compara el régimen vigente con el previsto en el Código de Comercio, para apreciar en qué medida ha influido en la configuración de la acción rescisoria en la Ley Concursal. A continuación se procede al estudio de los acuerdos de refinanciación. Se analiza la normativa introducida en las sucesivas reformas de la Ley Concursal y su incidencia en el tratamiento de la rescisión de las garantías, todo ello a partir de la evolución experimentada desde el año 2009 y, a su vez, en contraste con el Derecho italiano, por sus similitudes con la norma española, y con el Derecho norteamericano, en la que las refinanciaciones se regulan en el marco de un procedimiento concursal orientado a la reestructuración empresarial. Posteriormente, se analiza la cuestión de la contextualidad de las garantías y de su carácter oneroso o gratuito y, en particular, se estudia de forma detallada la rescisión de las garantías otorgadas entre sociedades pertenecientes al mismo grupo. También en esta parte, resulta de especial interés el contraste con el Derecho italiano. Para finalizar, se han tratado supuestos específicos de rescisión, como pueden ser la rescisión de las garantías otorgadas para asegurar el contrato de cuenta corriente y apertura de crédito o la especialidad del artículo 10 de la Ley del Mercado Hipotecario. La última parte está dedicada al estudio de los efectos de la rescisión, en consideración, naturalmente, a los supuestos en los que la rescisión tiene por objeto la constitución de garantías. El planteamiento metodológico de esta tesis doctoral responde a un planteamiento tradicional en el pensamiento jurídico que se dirige, por una parte, a facilitar la interpretación del Derecho positivo y, al mismo tiempo, pretende comprender y hacer una crítica del régimen vigente a partir de la experiencia comparada y de la teoría general del Derecho. Este planteamiento metodológico permite ofrecer una solución interpretativa a determinadas cuestiones que suscita el régimen vigente de las acciones rescisorias concursales y, sobre todo, trata de comprender cuáles son las razones por las que se plantean tensiones en Ley concursal en la regulación de la reintegración y su incidencia con respecto a las garantías. Al mismo tiempo, la relevancia del estudio de la rescisión desde esta perspectiva trasciende las cuestiones meramente teóricas o dogmáticas y contribuye a poner de manifiesto cómo las deficiencias en la forma en que se configura estructuralmente la acción rescisoria tiene trascendencia desde el punto de vista de política jurídica y presenta una incidencia significativa en consideración a los fines que se pretendan alcanzar.The companies have his its source of credit in the objective-patrimonial clcments that integrate the heritage of the managerial organization. Nonnally, a Iack of coordination takes place betwcen the vohnne and the ammrnt of the activity that they develop and tite credit nceds úiat he(she) carries and the wealth assets that assure the fulfillment of the obligations. The credit needs for Úle development of the mmiagerial aclivity ordinarily are superior to Úle patrimonial guarantees úiat cm1 be used for Úle coverage ofthe fulfillment ofthe collllnitments Urnt are assumed. In the moments in which a company is going through a situation of cconomic difficullies, there is usually an increase in credit, coupled with an unjustified or abusíve dermmd for guarantees. Likewise, the caunterparts of the entrepreneurs usually demand the granting of guarantees to maintain the relationships tlrnt are necessary for the continuity of the business acthity. For all these re,isons, when Uie bankmptcy is declared, ordinarily, the patrimonial elements of the assct free of charges may have been c-0nsiderably reduced and thc insufficient equity for the colleclive satisfaction of the unsecurcd crcdilors rnay have increased. In consideration of the problems that arise in úiis type of situation, in the traditional Bmlkruptcy Law, a series of cases were typified to facilítate Úle rescission of ú1c guarm1tees constituted in Úle period prior to the declaration of bankmptcy. With fuis kind of me,isures, it was intendcd to nullify thc grm1ting of füose guarantees that had been conslituted in an ahusive rnmmer. However, this mean! a restriction to access crcdit and to maintain. the relalionships, which in.creased the difficulties to contim,e the actiYity and avoid bankrnplcy. The rescission actions constitute a measure that poses an inescapable tension with the principie of legal security. Hence, the need for tite factual assumptions Urnt detennine Uiat rescission can procced, must be fully justificd and clearly defmed, from tite perspeclive ofthe purposes ofthc ordination of the bankcruptcy. In this regard, in Úle treatrnent of úie rescission of the guarantees created before the declaralion of insolvcncy and, in. general, of the rcfinancing and of the agreements rc,iched in situations of ecouonúc difficultics, it is necessary to achicve a difficult balance to facilitate the realization of !hose acts that are suitable to make possible the contirnúty of the cornpany and, at tite sarne time, so úrnt the abush•e acts and !hose tliat supposc an unjustificd decrease of füe assets of the insolvent one can be"ithout. The approval of the Bankruptcy Law in 2003 supposed to bring to a successful conclusion the proccss of reform of !lle insolvency regulalions, which mean! an irnprovement and the improvement, to a large eJ>ient, of ¡he centenary Bankruptcy L,iw in force in the Commercial Code. One of the most importan modifications introduccd by the Bankruptcy Law is úie rcpeal of the retrpactive aclion regirne and tite special rescission aclions provided for in articles 878 to 882 of the Commercial Code. Toe feedback determinet, in aocordance with the wording, tlle mrllity of ali those acts performed from the date to which the effects of the declaration of bankruptcy were retroactive. In turn, the rigor in the confíguration of the feedback prevented or rendered ineffective the application of special rescission actions. The Spanish Bankruptcy Law opts for the rescission techniqne as an instrument of reintegration. The normative configuration of the rescission action aims to objectify as muchas possible the exercise of the action, ami, for this pul]lOse, it is reqiúred as thc only assumptions that the act is bannful and that it is carried out in the two years prior to the declaration of insolvency. In thls scnse, it does not take into account the good faith of the counterparty or the insolvency situation of the debtor at the time of performing the act. 1n temJS of effects, the legislator foresees the consequences of temúnation only in respect of contracts, but not in respect of unilateral acts, sucb as pa)mcnts, nor does it give a specifíc treatment to accessory relationships sucb as tbe constitution of gnarnntees. Tbe qualification of tbe credit tbat arises in favor of tbe counterparty is qualifíed in any case as a credit against the estate, unless bad faith is shown, in wbicb c,ise the credit is considered as subordinate. In the c,ise of payments and guarantees, the credit wbose pa)menl is ternúnated or with respect to which the guarantee is tenninated, has the c-0rresponding qualifíc,ition in the tender, since this credit, as such, is not affected by the rescission. Tbe indetemúnacy aud misleading nonnative delimitation of tbe concept of harm, thc irrelevance of the subjective element of good faith and the inappropriate treatrnent of tbe effects show that the complete break desired has not occurred with respect to the previous regirne of retroaction of the Commercial Code in consideration of the rescission nature of the reintegration actions. In this sense, the influence or linkage of the Commercial Code in the configuration of the rescission action in the Baukruptcy Law is greater thao it might seern. This poses a structural problem and also a functional problern. A structural problern because the configuralion of the rescission actiou has uot been carried out according to the most appropriate techrucal structure of the rescission from a theorelic,il,juridical point of view. Tlús supposes, in tum, a fuuctional problem because, the fact that the action is not correctly configured, hinders its applicatiou in relatiou to the economic operations of exchange, since the terrnination deternúnes the obligation to satisfy the credit against the counterparty. Innnediate forrn as debt of the 111ass. These deficiencies have a particular impact 011 guarantees and payments. The mamier in which the rescission action is configured in Spanish Law leads to the possibility that the exercise of the same he raised in relation to those acts of dispositiou that consist in rnaking payments and granting guarantees, since in these cases, aut increase in the active mass due to reintegration occurs as a cousequence of the terminatiou. The configuration of the rescissiou action affects in a particularly relevan! way the refiuancing, since thls kind of operations nornrnlly involve tbe patment of uunrntured obligations and the grauting of new guarantees On the other hand, the regulation of the rescission action, like the Bankruptcy Law, is airned at achleving the traditional bankruptcy law purposes, that is, the liquidation of the bankrnpt's assets for the collective satisfactiou of the creditors. The reference to tbc continuity of tlte debtor's activity that is made in the Staternent of Motives of tbe Law does not rnaterialize effectively in the regime that is established. As regards rescission, no exceptio11S to termination were established to facilitate agreernents that may favor the solution of economic difficulties wheu a c-0rnpany is not yet insolvent. Following the ccouomic crisis that began in 2008, the deficiencies uoted in the treatrnent of reintegration became apparent. On the one hand, it was an obstacle to carrying out refinancing to make possible the continuity of the solvent but excessively indebted compmúes and, on the other hand, once the bm1kruptcy was declared, the rescissiou actiou was uot very effective due to the COIJSideratiou of the credit of the coU11terparty as debt of the mass. The severity and systemic irnportmicc of the crisis, especially in the financial sector, have led to the adoption of urgen! measures aud the establishment of a regulation in which refínaucing agreements that comply withthe required reqnirements cau uot be rescinded. The problems indicated in rclation to the Bankrnptcy Law and its successh-e reforms juslify the study of comparative law systerns. Ou the one hand, the Italian Law is analyzed, wlúch is the one that has greater similarities with Sparush Law, wbich c-011tains a contrasted rescission regime and which, in turn, presents a problem tlrnt to a certain extent resembles that found in our order to tl1e exteut that the rescission action has been configured from thc perspectirn of tl1e traditional purposes of bankn,ptcy law. For this rcason, the study of Italian Law is carried out in a very detailed way to analyze the similarities and the contras! wiU. Spanish Law. On the other hand, a study of NorUi American Law is made. The interest of this arder consists essentially in the fact that the rescission treatrnent is not done from the traditional bankmptcy law purposes, bnt from tbe perspectiye of U.e restructuring of tbe company as a way of resolving situations of econornic difficulties and the assumptions of insolvcncy. Once comparative law is exposed, Spanish law is analyzed in detail. In thefust place, the current regime is compared with the onc envisaged in the Commercial Code, in order to assess to what e"ient it has influenced the configuration of the rescission action in the Bankn1ptcy Law. Nex! wc proceed to the study of rcfimmeiI1g agreements. The regulations introdl!ced in thesl!ccessh'e amemlmen!s to the Bankruptcy Law and its impact on the treatment of the rescission of tbe guarantees are analyzed, ali from the evolution e,qx:rienced sine-e 2009 and, in 1nm, in contrast with Italian Law , by its similarities with the Spanish Law, and with the North American Law, in which thc refinanciI1g is regulated in the framework of a bankruptcy procccding aimed at corporate rcstructuring. Subsequently, the issue of the conte"iuality of the guara