Los servicios públicos en la posconvertibilidad: una mirada desde la regulación estatal

El proceso de reforma estructural, iniciado en la década del noventa, significó para el Estado argentino el abandono de su rol de productor para encarar el de regulador. El traspaso de los servicios públicos de la órbita estatal a la privada, conllevó la instauración de entes reguladores. Dichos organismos debían ser autárquicos e independientes para brindar previsibilidad al ajuste contractual Estado-empresa. No obstante, las compañías no demandaron un marco de instituciones autónomas. La postergación o impedimento en la conformación e inicio de las funciones de los entes fue implícitamente negociada u ofrecida para asegurar condiciones favorables de operación y la obtención de rentabilidades extraordinarias. La acción estatal en materia regulatoria se caracterizó por su segmentación, fragilidad e ineficiencia. La ausencia de una política general de regulación junto a las restricciones de diseño y de desempeño efectivo de los entes, resultó no sólo ineficiente sino también funcional a la consecución de intereses sectoriales. Al no haber existido un proceso de institucionalización uniforme —cada organismo regulador poseía aspectos particulares en lo que respecta principalmente a su conformación y funcionamiento— se dificultó tanto la implementación como la articulación de mecanismos regulatorios efectivos. Esto generó problemas en el resguardo de los intereses de los usuarios y consumidores y significó menos controles para las prestatarias. Dada la situación de crisis social, política y económica, a comienzos de 2002, el gobierno a cargo de Eduardo Duhalde puso fin al régimen de Convertibilidad. Con la sanción de la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, se dispuso la pesificación de precios y tarifas, dejando sin efecto las cláusulas indexatorias de ajuste presentes en los contratos de la Administración Pública