Las órdenes de la Corte Constitucional: Su papel y límites en la formulación de políticas públicas

The Constitution of 1991 in the catalog of functions assigned to each of the different branches of government, is currently facing areas of activity that develops the executive, legislative and judicial. Without any discussion, the formulation of public policies which is traditionally recognized as a proper and exclusive jurisdiction of the first one, has been influenced by judicial decisions which do not distinguish specific intervention work, in what could be a distortion or exhaustion of an government›s effort, which sometimes must follow the words pronounced by the Judge but have inadequate measures.The Constitutional Court has jurisdiction to interfere with the design, construction, development and evaluation of public policies because the Constitution empowers it to do so under the function of effective protection of fundamental rights. However, it should not be an all-encompassing role, its role must necessarily find material limits, in case of non compliance will prevent the affectation or the state agenda. In this research we postulate those that would enable this capability to the constitutional Judge.La Constitución Política de 1991 en el catálogo de funciones que asigna a cada uno de los diferentes Poderes Públicos, enfrenta en la actualidad ámbitos de la actividad que desarrolla la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Sin discusión alguna, la formulación de políticas públicas que tradicionalmente se reconoce como una competencia propia y exclusiva del primero, se ha visto influida por decisiones judiciales que no distinguen labor específica de intervención, en lo que podría constituir una desnaturalización o agotamiento de un esfuerzo de gobierno que, en ocasiones, debe acatar las palabras que pronuncia el Juez aunque dispongan medidas inadecuadas. La Corte Constitucional es competente para interferir en el diseño, construcción, desarrollo y evaluación de políticas públicas porque la Constitución la habilita para ello bajo la función de protección efectiva de los derechos fundamentales. Sin embargo, no debe ser una función omnímoda, su papel necesariamente habrá de encontrar límites materiales que de no cumplirse le impiden afectar la agenda estatal. En esta investigación se postulan aquellos que habilitarían esta capacidad en el Juez constitucional.