Seguridad ciudadana y los sistemas de videovigilancia. Límites, garantías y regulación

New technologies have produced unexpected changes and has raised countless challengesto the law. One of them is the video surveillance raises aimed, among manyothers, is to provide greater security for citizens. The use of these systems by the Forcesof Security as a tool to prevent disturbances of public safety in public places raisedmany questions, especially the violation that the use of such systems can give rise tothe right to privacy broad sense. To legitimize their use and prevent interference ofpublic power produced in the "right to life" of people, it was approved in Spain theso-called law of video surveillance legal text that constitutes the regulatory frameworkapplicable to the use of recording systems images and sounds by the Security Forcesin fulfilling the tasks entrusted by the Spanish Constitution concerning the protectionof the free exercise of rights and freedoms. All this in order to protect public safety.Las nuevas tecnologías han producido cambios insospechados y han planteado para el derecho innumerables retos. Uno de ellos es el que suscita la videovigilancia, cuya finalidad, entre otras muchas, es ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos. El uso de estos sistemas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como un instrumento para prevenir alteraciones de la seguridad ciudadana en lugares públicos suscitó muchos interrogantes, en especial, la vulneración que el uso de tales sistemas puede plantear al derecho a la intimidad en sentido amplio. Para legitimar su uso y evitar que se produzcan injerencias del poder público en el “derecho a la vida” de las personas en España, fue aprobada la denominada Ley de Videovigilancia, texto legal que constituye el marco normativo aplicable a la utilización de los sistemas de grabación de imágenes y sonidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el cumplimiento de las competencias encomendadas por la Constitución española respecto de la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, todo ello en aras a la protección de la seguridad ciudadana