Los estados de la democracia: Bases políticas y policiales del poder estatal en una provincia del norte argentino

The subject ofthis article is the scope ofthe police power ofsome provincial Argentinean states and its contradictions with the liberties attached to a democratic regime. The concept of"internal enemy" underlying in the organic laws of the police forces, which were sanctioned mostly under an authoritarian representation of internal security, placed certain sectors of the population under suspicion and control of different political intelligence agencies. Through the case of "juaristas" governments in Santiago del Estero (1995-2004), we address the modalities ofpolice intervention in politics considering formal functions ofthe Department ofPolice Information (DPI), and extra-institutional linkages between leaders and that organism. Although national law forbids political espionage, provincial autonomies and functionality ofpolitical intelligence favored the continuity ofthe DPI and discouraged coordinating policies ofdemocratic security.Los alcances del poder de policía de algunos estados provinciales argentinos sobre el espacio político y sus contradicciones con libertades propias del régimen democrático es el tema de este artículo. La noción de "enemigo interno" subyacente en las leyes orgánicas de las fuerzas policiales, sancionadas en su mayoría bajo una representación autoritaria de la seguridad interior, colocó a determinados sectores de la población bajo sospecha y control de distintos organismos de inteligencia política. A través del caso de los gobiernos "juaristas" en Santiago del Estero (1995-2004), abordamos las modalidades policiales de intervención en la política teniendo en cuenta las funciones formales del Departamento de Informaciones Policiales (DIP), como los vínculos extrainsritucionales entre dirigentes y el organismo. Aunque la legislación nacional prohibe el espionaje político, las autonomías provinciales y la funcionalidad de la inteligencia política favorecieron a la vigencia del DIP y desalentaron la coordinación de políticas en materia de seguridad democrática