La llei de contractes del sector públic i les competències de la Generalitat de Catalunya sobre contractació: possibilitats de desenvolupament

This article analyses the new powers on contracts that the 2006 Catalan Statute of Autonomy has given to the Catalan government. In this sense, the article starts by stating that the Statute has certainly enlarged the scope of powers both from a material perspective (since it does add exclusive powers to the already existing shared powers), and from a substantive perspective (since the powers in contracting not only cover contracting of the Catalan Public Administration but also that of the local authorities in Catalonia). Then, the article turns to examine the framework law on Public Contracs issued by the Spanish Parliament in 2007 (Ley 30/2007, of 30th of October), and its consequences on the margin of legislative manoeuvre left to the Catalan government on the subject. The main argument sustained in this article is that the Spanish framework law on Public Contracts still allows the Catalan Autonomous Community with a margin of legislative action for passing a law on contracts of the Catalan public administration bodies, and that such a law could regulate some essential aspects such as the contracts' management organization; as some phases of the contracting process; and as, even more important, the e-contracts, aspect that, together with the European law, is one of the axes structuring the recent evolution of contract law.En este artículo se analiza, en primer lugar, cuál es el marco competencial en materia de contratación que resulta de la aprobación del nuevo EAC de 2006, para constatar una efectiva ampliación del techo de las competencias de la Generalitat de Catalunya, tanto desde la perspectiva material -con el reconocimiento de un ámbito de exclusividad hasta ahora inexistente, que convive con otro ámbito de competencias compartidas-, como desde el punto de vista subjetivo, en cuanto que las competencias sobre contratación abarcan no sólo los contratos de la Administración de la Generalitat, sino también los de la Administración local en Catalunya. Por otra parte, se examina también cómo ha ejercido el Estado recientemente sus competencias mediante la aprobación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que incluye la legislación básica en la materia, y se valoran las posibilidades de desarrollo legislativo de la Generalitat a partir de sus competencias exclusivas y compartidas y a la vista del nuevo marco de la mencionada legislación básica estatal. La tesis principal que se defiende es que existe un campo de actuación autonómico para aprobar una ley sobre contratos de las administraciones públicas catalanas, autonómica y local, con una atención preferente a los aspectos de organización de la gestión de la contratación pública, a determinados apartados del ciclo contractual y sobre todo a la contratación pública electrónica, que junto con la recepción del derecho europeo constituyen los dos grandes ejes sobre los que gira la evolución del derecho de contratos de los últimos años