Mecanismos de gestión pública ciudadana en una democracia multiétnica y pluricultural: un estudio de caso

The Constituent Assembly of 1991, Colombia became a republic a multiethnic and multicultural with popular sovereignty and participatory democracy in an international framework of open markets and the "Washington Consensus". Colombian public institutions adapted slowly to the formation of a more vigorous and committed to participate in public decisions on issues that concern them directly. Since then, we have generated various mechanisms of political participation and promotion of non-governmental organizations to participate in governance and influence decision making. The new Constitution stipulated that the state will contribute to the promotion, organization and training of professional associations, unions, civic, community and youth, and that these NGOs could be representative democratic mechanisms for participation, coordination, control and surveillance public administration. Institutions such as citizen oversight and accountability were supplemented with other mechanisms of participation, as the legislative initiative, the territorial planning councils, the prior consultations and public hearings that have sought to fulfill the constitutional mandate citizen participation on issues affecting them, such as social and environmental policies. However, tensions between ruling elites and communities that require representation, was immediate.La Asamblea Constituyente de 1991 transformó a Colombia en una república multiétnica y pluricultural, con soberanía popular y democracia participativa, en un marco internacional de apertura de mercados y del "Consenso de Washington". Las instituciones públicas colombianas se adaptaron lentamente hacia la formación de una ciudadanía más vigorosa y comprometida a participar en las decisiones públicas sobre asuntos que les conciernen directamente. A partir de entonces, se han generado diversos mecanismos de participación política y de promoción de organizaciones no gubernamentales para intervenir en la gestión pública e incidir en la toma de decisiones. La nueva Constitución estipuló que el Estado contribuiría a la promoción, organización y capacitación de asociaciones de profesionales, sindicales, civiles, comunitarias y juveniles, y que estas organizaciones no gubernamentales podrían constituir mecanismos democráticos de representación para la participación, coordinación, control y vigilancia de la administración pública. Instituciones como las veedurías ciudadanas y la rendición de cuentas se complementaron con otros mecanismos de participación, como la iniciativa legislativa, los consejos territoriales de planeación, las consultas previas y las audiencias públicas, que han buscado hacer realidad el mandato constitucional de participación de los ciudadanos en los temas que les afecten, tales como las políticas sociales y ambientales. No obstante, la tensión entre élites en el poder y comunidades que exigen representación, no se hizo esperar