La reclamación en España de la indemnización de los particulares por violación del Derecho de la Unión Europea

En la Unión Europea el Tribunal de Justicia ha desarrollado en poco más de tres lustros una jurisprudencia cada vez más detallada y precisa sobre el derecho de indemnización de los particulares por responsabilidad de las autoridades nacionales que hayan violado el Derecho comunitario. Se trata de una jurisprudencia que completa los principios estructurales del Derecho de la Unión: el efecto directo y la primacía como se deduce de los grandes hitos: Francovich, Brasserie du pêcheur o Köbler y que, a su vez, da sentido a otros procedimientos como el que termina declarando judicialmente el incumplimiento de las obligaciones comunitarias europeas por los Estados miembros, por las autoridades nacionales. Por eso y después de recordar los presupuestos para que surja el derecho de indemnización así como el alcance de los principios de efectividad y de equivalencia que deben ser respetados por los Derechos nacionales, se examinan a la luz del Derecho español los procedimientos administrativos y las vías jurisdiccionales para reclamar la indemnización por responsabilidad de las autoridades españolas, sean legisladores -las Cortes Generales, los Parlamentos autonómicos o los Gobiernos de la Nación y autonómicos en ejercicio de poderes normativos-, administraciones -centrales, autonómicas o locales, y los organismos vinculados-, o jueces, que vulneren el Derecho comunitario europeo. Los criterios elaborados en la Audiencia Nacional y, sobre todo, la jurisprudencia reiterada por el Tribunal Supremo, en especial a partir de su sentencia de 12 de junio de 2003 -que constata la responsabilidad de la Administración General del Estado por daños causados a Canal Satélite Digital en violación del Derecho europeo y le reconoce una cuantiosa indemnización de más de 26 millones de euros-, resultan, en este sentido, ejemplares