Decisiones de los padres que no arriesgan la vida de sus hijos, pero que los exponen a daños serios: no a las vacunas

ResumenLa decisión de los padres de no aplicar vacunas que son “obligatorias” a sus hijos genera dilemas en los médicos y pediatras. ¿Qué debe hacerse cuando los padres no consienten la aplicación de vacunas a sus niños? ¿Esto sitúa a los niños en riesgo suficientemente grave como para que amerite la notificación a los servicios de protección infantil del Estado y que se trate como negligencia de parte de los padres? ¿Qué debe hacerse cuando, por no inmunizar a sus hijos, se pone en riesgo a terceros? El principio del interés superior del menor implica velar por el beneficio del niño sobre cualquier otra situación. Al respecto, los padres antivacunas tienen argumentos para justificar su postura. Los médicos no pueden obligar a los padres a vacunar a sus hijos. Sin embargo, bajo el mismo principio, deben velar por el bienestar del niño y permanecer alerta de que los padres no rebasen el umbral de daño al menor. Si los padres ponen en riesgo de daño grave a su hijo al tomar la decisión de no vacunarlo, entonces estará justificada la intervención legal en la decisión. Este recurso debe ser la última opción, pues los conflictos, en su mayoría, deben resolverse en el seno de la relación del médico con los padres.AbstractThe decisions of parents to forego vaccines “mandatory” for their children generate in physician and pediatricians some dilemmas and issues such as what to do when parents do not authorize administration of vaccines to their children? Do parents place their children at risk severe enough to notify governmental child protection services and treat this as parental negligence? What to do in the situation where the parental decision to forego immunization of their children affects others? The best interests of the child include ensuring the child's benefit over any other situation. Related to this, parents against vaccines have arguments to justify their position that physicians cannot force parents to immunize their children. By the same principle, physicians must ensure the welfare of children and remain alert, respecting that parental decisions do not exceed the threshold of “no harm to the child” and only if the parental decision in regard to foregoing vaccination places the child at risk of serious harm is government intervention justified. This resource should be left as the last resort because most conflicts must be resolved within the relationship of the physicians with the parents