Determinantes del gasto de bolsillo en salud de la población pobre atendida en servicios de salud públicos en Perú, 2010–2014

Objetivo. El objetivo de este estudio fue averiguar qué factores afectan el gasto de bolsillo en servicios de salud prestados por el MINSA y los gobiernos regionales a la población en condiciones de pobreza monetaria relativa entre 2010 y 2014. Materiales y métodos. Estudio transversal descriptivo econométrico con cortes anuales (2010-2014) a nivel nacional con información de encuestas de hogares. La variable dependiente fue el gasto de bolsillo en salud de las personas en situación de pobreza monetaria relativa para costear su atención médica en servicios de salud públicos. Las variables independientes fueron la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS), el nivel de gasto familiar per capita, el grupo de edad (0-5 años), ser mujer en edad fértil (15-49 años), ser persona adulta mayor (mayor de 60 años)), la carga familiar (cuyo indicador proxy fue el número de miembros en el hogar), y el nivel de complejidad del prestador de servicios. Resultados. Sólo 5% de la población rural objeto de estudio fue atendida en centros de mayor nivel de complejidad (hospital) frente a 16% de la del medio urbano. Los medicamentos concentraron el mayor gasto de hogares: 44% en los asegurados en el SIS y 62% en los no asegurados (2014). El gasto de bolsillo en salud se asoció positivamente con no estar afiliado en el SIS, el mayor nivel de complejidad del prestador, el nivel del gasto familiar per capita y ser adulto mayor. Conclusiones. La afiliación al SIS es una variable de política relevante para disminuir el gasto de bolsillo en hogares pobres. El menor gasto de bolsillo de la población rural pobre, especialmente vulnerable, está fuertemente asociado con el uso casi exclusivo de servicios provistos por prestadores del primer nivel de atención. Se necesitan políticas específicas de protección de la población adulta mayor en condiciones de pobreza. Para lograr la cobertura universal en salud, Perú necesita políticas más intensivas de protección financiera y de reestructuración de su oferta pública