Objetivos en el procedimiento del cobro coactivo y recaudo realizado por la Secretaria de Tránsito y Transporte del Zulia: aspectos críticos

La secretaria de transito es definida por el ordenamiento jurídico como aquella organización adscrita al aparato ejecutivo en la que se realizan acciones en aras de brindar seguridad vial. Una de las dependencias de esta organización es la encargada del cobro coactivo que presenta a priori falencias en su ejecución. La presente investigación analiza desde el punto de vista jurídico las fallas que presenta dicho procedimiento en la secretaría de transito de el Zulia con el ánimo de proponer posibles soluciones. La metodología es cualitativa, jurídica, descriptiva y documental, se consultaron diversas fuentes bibliográficas y bases de datos, así como la normativa vigente y decisiones jurisprudenciales sobre el tema. Dentro de los principales hallazgos se encontró que el procedimiento de cobro coactivo es fundamental para el cumplimento de los fines esenciales de la administración pública, no obstante presenta falencias asociadas, en especial a la etapa de recolección de datos y el seguimiento de presuntos infractores que deben ser corregidas por medio de ajustes en la normatividad vigente y el uso de las centrales de riesgo financiero para deudores.The traffic secretary is defined by the legal system as that organization ascribed to the executive apparatus in which actions are carried out in order to provide road safety. One of the dependencies of this organization is in charge of the coercive collection that presents a priori flaws in its execution. The present investigation analyzes from the legal point of view the failures that this procedure presents in the transit secretariat of el Zulia with the aim of proposing possible solutions.The methodology is qualitative, legal, descriptive and documentary, various bibliographical sources and databases were consulted, as well as the current regulations and jurisprudential decisions on the subject. Among the main findings, it was found that the coercive collection procedure is fundamental for the fulfillment of the essential purposes of the public administration, nevertheless it has associated flaws, especially at the data collection stage and the monitoring of alleged offenders that must be corrected. Through adjustments in current regulations and the use of financial risk centers for debtors