La política pública de inspección y vigilancia en la educación superior en Colombia

Este trabajo tiene como epicentro el debate jurídico entre el derecho a la autonomía universitaria que detentan los centros de educación superior oficialmente reconocidos por el Estado y el trabajo inspector, vigilante y controlador que le corresponde efectuar a las autoridades administrativas estatales, ambos estipulados expresamente en la Constitución Política de Colombia. Desde el contexto actual donde se halla en vigencia desde 2014 una reforma a la educación superior en el país, el documento profundiza en las divergentes posiciones que arguyen los defensores de un servicio educativo superior totalmente autónomo y los agentes estatales que deben ejercer un control administrativo como se lo ordena la legislación, que asegure calidad y equidad en la educación superior. A pesar de las diversas reformas que ha tenido el marco normativo de la educación superior en Colombia, continúa latente la contraposición de filosofías concernientes al grado de autonomía que se debe otorgar a las instituciones de educación superior y cómo este principio garantizado en la Constitución Nacional se ve afectado por la obligación que debe cumplir el Estado en materia de inspección, vigilancia y control en cabeza del Presidente de la República, por mandato también constitucional, con delegación legislativa al Ministerio de Educación Nacional y reglamentada por éste para depositar dichas funciones administrativas en el Viceministerio de la misma cartera ejecutiva. Para emprender este análisis académico, doctrinal y jurídico, se circunscribe un examen de los orígenes y consecuencias que ha traído para la Nación y su sistema educativo la coexistencia de la autonomía como derecho de las universidades, con la inspección, vigilancia y control como funciones del Estado y componentes de la política pública ordenada por la ConstituciónThis work has as its epicenter the legal debate between the right to university autonomy held by the higher education centers officially recognized by the State and the inspector, vigilant and controller work that corresponds to the state administrative authorities, both expressly stipulated in the Political Constitution of Colombia. From the current context where a reform to higher education in the country is in force since 2014, the document delves into the divergent positions argued by the defenders of a totally autonomous higher education service and state agents who must exercise administrative control as it is ordered by legislation, which ensures quality and equity in higher education. Despite the various reforms that the normative framework of higher education has had in Colombia, the contrast between philosophies concerning the degree of autonomy that should be granted to higher education institutions and how this principle guaranteed in the National Constitution is still latent remains latent. is affected by the obligation that must be met by the State in terms of inspection, surveillance and control under the President of the Republic, by mandate also constitutional, with legislative delegation to the Ministry of National Education and regulated by it to deposit said administrative functions in the Viceministry of the same executive portfolio. To undertake this academic, doctrinal and legal analysis, an examination of the origins and consequences that the nation and its educational system have brought about the coexistence of autonomy as a right of the universities, with inspection, surveillance and control as functions of the State and components of public policy ordered by the Constitutio